Laredo debe garantizar el valor de las 16 viviendas que quedarían inhabitables con el derribo del Tenis

En un auto notificado este martes a las partes, al que ha tenido acceso El Diario Montañés, el tribunal considera que «ha quedado suficientemente acreditado que la afección de la obra (de demolición parcial) en el tejado de las 16 viviendas de la planta bajo cubierta de la edificación a demoler parcialmente es un hecho patente». ¿En base a qué? A los diferentes criterios expuestos por los peritos que han intervenido hasta la fecha, dice la Sala, «que ponen de manifiesto que la afección resulta incuestionable, aunque su resultado no podrá determinarse hasta la finalización del derribo de la cubierta y su nueva reconstrucción con los criterios del proyecto de demolición parcial y los que puedan incorporarse a la vista de la evolución de dichas obras».

Las declaraciones de todos los técnicos así lo han expresado, recoge el auto, aunque «con diferentes matices» que hacen que «no se pueda determinar con antelación el resultado de la obra sobre las 16 viviendas al no estar proyectada la adaptación posterior de cada una para su uso ni la operatividad de las instalaciones». Para la Sala, esa incógnita conduce a la conclusión de que «ha de valorarse en el cien por ciento de su valor de adquisición y un treinta por ciento más en concepto de gastos de notaría, registro, con la aplicación del índice de precios al consumo con referencia al tiempo transcurrido desde su adquisición».

¿De cuánto dinero estamos hablando? Uno de los abogados de los vecinos calcula que rondará los cinco millones de euros, a los que hay que sumar otros ocho que ya consignó el Consistorio pejino hace más de cuatro años para sufragar los gastos derivados del derribo.

En el auto, la Sala recoge las declaraciones que realizaron en mayo cuatro peritos. El arquitecto José Manuel Pisa (redactor del proyecto Pentia de derribo de las obras ilegales del edificio Tenis de Laredo), confirmó que las 16 viviendas bajo cubierta «resultarán legalmente inhabitables» con motivo de la intervención que ha de llevarse a cabo en el proyecto de demolición. Además, «incumplirían el código técnico de edificación como nuevas viviendas que surgirían de la mencionada intervención provocada por la reestructuración de una nueva cubierta». Por su parte, el arquitecto José Alba Revuelta mencionó la «inutilidad física y una consiguiente inhabitabilidad funcional de las viviendas», como consecuencia de la falta de la envolvente y de las instalaciones correspondientes a las viviendas. «Las 16 viviendas resultarían inhabitables; el proyecto de demolición no contempla la envolvente, ni el cierre de las viviendas bajo cubierta con lo cual el edificio, en ese aspecto, no estaría terminado, no se proyecta la remodelación de esas viviendas, ni siquiera como apartahotel».

En representación del Ayuntamiento pejino, Marco Antonio Pelayo (arquitecto municipal), apuntó que las 16 viviendas «resultarían afectadas de distintas formas, su habitabilidad fundamentalmente y reducción de superficies, como consecuencia de la obra de modificación de la cubierta». El problema está, según dijo, en el otorgamiento de la licencia municipal y matizó que «los bajo cubiertas no serán habitables como resultado de la intervención».

Finalmente, Marilia Mosquera, técnico de Tragsa (empresa encargada de la demolición), manifestó que las viviendas quedarán afectadas por el retranqueo de las fachadas que el derribo de la cubierta provoca en el perímetro de la planta, el resto de distribución quedará como está ahora. «El proyecto no contempla obras de adecuación, ni la operatividad de instalaciones de cada elemento privativo; las obras complementarias necesarias serán presupuestadas para su incorporación a las viviendas si fuera el caso».