Laredo enmienda el error del anterior equipo en el cobro de las tasas de 2021

Durante la pasada legislatura, el equipo de gobierno formado por PSOE, PRC y Sí Se Puede Laredo aprobó una modificación de las ordenanzas fiscales que tenía como objetivo una «considerable reducción de impuestos» para ayudar a los vecinos a soportar la situación de incertidumbre económica desencadenada por la crisis sanitaria del covid-19. Sin embargo, los errores en la tramitación de una rebaja que fue considerada irregular, obligan ahora a efectuarse una liquidación complementaria que deberán abonar los vecinos en los recibos de los últimos meses de 2023.

El proyecto de anterior equipo de gobierno incluía una rebaja en el impuesto de circulación, en un 15%; el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), hasta un coeficiente del 0,6 y la plusvalía, que con la rebaja proyectada disminuía un 30%. Los costes correspondientes a las licencias urbanísticas y a la celebración de matrimonios civiles también se reducían un 30%. Para facilitar el emprendimiento y ayudar a los establecimientos afectados por las restricciones de la crisis sanitaria, se proponía también eliminar el coste de las tasas de ocupación de vía pública, aunque sí se mantenía la obligatoriedad de la autorización municipal para proceder a la colocación de terrazas. A su vez, el coste de las licencias de autotaxi se reducían en un 70%. En este sentido, en relación al pago de las principales tasas municipales, el Consistorio pejino proponía una «disminución importante» de las cuantías a recaudar para el año 2021. Las tasas de agua, alcantarillado y basuras se rebajarían un 10%. La propuesta se planteó en el pleno ordinario de noviembre de 2020 y salió adelante para el alivio, al menos momentáneo, de los bolsillos de los vecinos de la villa.

Pero la alegria por la rebaja fue breve porque quince meses después de que el Pleno municipal diera su beneplácito, la medida era declarada nula «de pleno derecho» en el informe del tesorero accidental de Laredo y el interventor acumulado. Ambos argumentaron la nulidad dadas las irregularidades detectadas tanto en la retroactividad como en la tramitación de las ordenanzas.

Según expusieron el tesorero y el interventor, la Corporación municipal aprobó de manera definitiva las Ordenanzas Fiscales el 28 de enero de 2021 y su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria no se produjo hasta el 18 de marzo de 2021. Pese a ello, señalan, «se ha constatado que las reducciones aprobadas sobre tales impuestos y tasas se han aplicado y liquidado con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2021», lo que supone un error, pues las ordenanzas fiscales «no entran en vigor hasta su completa y definitiva publicación en el Boletín Oficial de la provincia o de la comunidad autónoma».

Además, hacían referencia a la falta de informes técnico-económicos en los que se recogiera el coste de los nuevos servicios, un documento considerado «esencial, en cuanto que determina el importe de las tasas que se van a imponer a los contribuyentes». De esta manera, propusieron la «liquidación complementaria» y la «regularización» de las tasas e impuestos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 18 de marzo de 2021.

A raíz de la publicación del informe del tesorero accidental y del interventor, la entonces regidora de Laredo, Charo Losa (PSOE), reconoció el error en marzo de 2022 y se comenzó a aplicar la ordenanza fiscal de 2020, es decir, la que estaban en vigor anteriormente. Como consecuencia, ahora los pejinos recibirán un cobro extra del 10% en las tasas de agua, basura y alcantarillado para subsanar la equivocación y regularizar las cuentas.

«No son buenas noticias», señaló ayer el alcalde de Laredo, Miguel González (PP), quien ha hecho hincapié en varias ocasiones de que se trata de «una herencia del anterior equipo de gobierno que obliga al actual a poner solución». El regidor explicó que esta semana ha firmado el decreto y que no le queda otro remedio que asumir la responsabilidad.

Por el momento, solo se ha actuado en las principales tasas municipales, como son la de agua, basura y alcantarillado. Queda por ver si los laredanos deben devolver la rebaja que se afectuó en el resto de impuestos en el ejercicio de 2021.