Laredo, a la espera de que Tragsa acometa el derribo del 'Tenis'

Como se recordará, este asunto tiene su origen en la sentencia firme de 16 de noviembre de 1992 y el auto firme para su ejecución de fecha 20 de enero de 1999, que ordenaba al promotor y a los propietarios del inmueble la demolición de los vuelos o terrazas de la edificación, así como de todo lo construido bajo cubierta por encima de la línea teórica de 45º.

En el último pleno ordinario, celebrado el pasado jueves, la alcaldesa pejina, Charo Losa (PSOE), en respuesta a una pregunta de la oposición, señaló que «el Ayuntamiento ha realizado todos los trámites que eran de su competencia para que se proceda al derribo». «Hemos designado la dirección de obra, que la llevará el arquitecto municipal, y hemos contratado a los técnicos precisos para esa actuación cuando vaya a realizarse. Cuando la empresa disponga la fecha se actuará con diligencia».

Tras estas afirmaciones, este periódico se puso en contacto con Tragsa para saber si ya hay una fecha para el inicio de esta actuación y, por el momento, se desconoce cuando comenzarán los trabajos. «Estamos con los preparativos».

Frente a esto, fuentes municipales aseguraron a este periódico que esta empresa pública, a la que el TSJC encomendó el derribo parcial del edificio hace ya dos años, tiene serias dudas sobre la realización de estos trabajos y el proyecto de ejecución de los mismos, que data de hace diez años. Al parecer, su principal preocupación es que el derribo parcial que deben acometer pueda afectar al resto del edificio, de ahí sus dudas.

En cualquier caso, desde el Ayuntamiento siguen a la espera de que Tragsa se ponga manos a la obra para pasar página de un asunto que lleva veinte años dando vueltas en el municipio.

De su lado, los propietarios del edificio mantienen la esperanza de que finalmente no entren las palas de Tragsa. En febrero, recurrieron la decisión de la Sala de lo Contencioso de rechazar la solicitud de mediación planteada para evitar el derribo, a la que se sumó el Ayuntamiento y, previamente, el demandante.

El letrado de este último recordó en su momento que «la mediación en ningún caso se configura como un procedimiento para impedir la ejecución de la sentencia». Sin embargo, consideraba que «la figura del mediador puede ayudar a acomodar la ejecución a la solución del realojo temporal de los propietarios, evitando los conflictos, presiones sociales e, incluso, las manifestaciones que se han venido produciendo en el entorno de la residencia de mi patrocinado».

Pero los vecinos quieren que esta mediación sirva para evitar el derribo previsto.