Laredo levanta las restricciones de agua en duchas y fuentes públicas

Un aviso de los técnicos sobre la falta de presión en el abastecimiento de algunos puntos de la villa pejina llevó a la alcaldesa, Rosario Losa, a establecer unas medidas que resultaron pioneras tanto en Cantabria como en toda España. Aquel 3 de agosto vecinos y veraneantes se encontraron con un anuncio que se tradujo en el cierre de grifos públicos para tratar de economizar los recursos hídricos. La medida, aceptada con resignación por la ciudadanía, se ha mantenido vigente hasta la llegada de septiembre, fecha que marca el final de un periodo en el que la villa pejina supera los 100.000 residentes, frente a la población censada que apenas alcanza los 11.000 habitantes.

A pesar de la decisión adoptada semanas atrás, nunca hubo un riesgo de desabastecimiento en Laredo superior al del resto de la Comunidad Autónoma. La villa pejina, al igual que casi toda Cantabria, se encuentra vinculada a la denominada autovía del agua. Se trata de un enorme acueducto subterráneo de 160 kilómetros de longitud que recorre la región de este a oeste y que abastece a todo el borde costero y a una franja interior de 30 kilómetros. Una infraestructura culminada en el año 2016 y que permite trasvasar el agua de unos valles a otros, tras hacer las oportunas captaciones en las distintas cuencas. El propio Gobierno de Cantabria reiteró dicho mensaje de aplicación general a casi toda la región, con la salvedad de puntos concretos sin conexión directa con dicha infraestructura.

Los problemas que dieron origen a las restricciones tuvieron más que ver con una cuestión doméstica de la propia red de suministro de las tuberías pejinas. Su gran diámetro, unido a un aumento considerable de la demanda motivada por la alta afluencia de turistas a las viviendas de segunda residencia, provocó que en determinadas localizaciones el agua no llegase con la presión debida. Ante ese escenario, se optó por suprimir el caudal en puntos críticos como duchas y fuentes. La situación se vio agravada por fugas denunciadas por los vecinos en las Casas Amarillas, el Parque de los Tres Pescadores y la Alameda de Miramar.