El PP de Laredo pide que se investigue si hay más responsables en el 'caso Tenis'

En el pasado pleno celebrado el jueves, el concejal del PP y exalcalde, Ángel Vega, que anunció que esta es su última legislatura en política, anunció que su grupo votaría en contra de aprobar, por segunda vez, una partida de 3,3 millones para afrontar los gastos de la demolición del edificio, a la espera de que los técnicos municipales redacten un informe jurídico en el que se determine si hay algún responsable subsidiario más.

«En julio de 2017 se realizó la liquidación de ese dinero por sorpresa y hasta diciembre de 2018 no se ha realizado el reconocimiento. Por no decir que un mes después de esa liquidación se procede al embargo de unos locales a Edibilsa (la constructora del edificio) que no tienen ningún valor. No ha habido reclamación de intereses, y el dinero ni está ni se les espera».

Vega reprochó al equipo de gobierno del PSOE que hablara de que al Ayuntamiento de Laredo le habían tumbado el Plan General de 2015 y que había costado 700.000 euros, y les preguntó si no van a hacer nada para que ese dinero recaiga sobre las arcas municipales. «Ustedes ya saben quién tiene la culpa, quién debía pedir ese informe. ¿Y no van a hacer algo, como hizo el Ayuntamiento de Santander?». Según el concejal popular tiene que haber algún responsable más de hacer frente a los 3,3 millones que se han habilitado para asumir el derribo del inmueble.

Según una consulta que ha realizado el PP a través de internet, la sede de Edibilsa podría estar alquilada por un grupo de empresas multimillonario. «Extrañamente no se opuso, en agosto de 2017, cuando estaba recién enviada la notificación de que debían tres millones de euros. Y el Ayuntamiento procedió con una celeridad asombrosa al embargo preventivo. Imagino que el alcalde no haya pactado el embargo de unos locales que no valen nada, porque si no sería muy grave».

Así las cosas, Vega cree que el Ayuntamiento debe buscar si tienen alguna responsabilidad los administradores o quien concedió las correspondientes licencias. «Lo que no consideramos es que tengan que ser los vecinos de Laredo los que tengan que asumir los 3,3 millones de euros que se han habilitado para asumir los costes del derribo».

A pesar de esta postura de los populares, el resto de grupos municipales votaron a favor de consignar esa partida para cubrir los gastos del derribo de forma subsidiaria.

Desde el equipo de gobierno, la portavoz socialista, Rosalina López, insistió en que los tribunales exoneraron al Ayuntamiento de cualquier responsabilidad sobre la construcción del edificio, señalando a la empresa constructora como única culpable de ese exceso de obra, que ahora debe ser derribado. En el PRC, lo tienen claro: «Se tiene que derribar porque se concedió licencia de primera ocupación prevaricando».