Laredo prorrogará el contrato de basuras pese a las dudas legales

El pleno del Ayuntamiento de Laredo, con los votos favorables del equipo de Gobierno PSOE-PRC, dio ayer el visto bueno al inicio de los trámites para la prórroga de un año adicional del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria. La oposición advirtió de la presunta ilegalidad de la medida, al entender que la adjudicación actual, que data del año 2003, ya habría agotado el máximo de diez años suplementarios que contempla en su cláusula sexta. Un enfoque frente al que el equipo de Rosario Losa esgrimió un informe jurídico que avala la procedencia de establecer una prórroga forzosa de un año adicional.

La luz verde llegó tras quedar sobre la mesa la propuesta de iniciar el estudio de costes que resulta preceptivo incorporar a la futura licitación del contrato. Un concurso que resultará imposible culminar en la presente legislatura, lo que dio pie a que los grupos de oposición arreciaran en sus críticas. Todos recordaron que en mayo de 2013 entró en vigor la actual prórroga de diez años, hasta mayo de 2023. Por lo que entienden que desde que llegaron al poder en 2019 debieran haberse anticipado.

El pleno extraordinario, que se prolongó durante cinco horas, registró dos comparecencias a instancias de la oposición. El primero en rendir cuentas fue el concejal de Patrimonio y Puebla Vieja, Antonio Bocanegra, en relación al expediente de reforma del mercado de abastos. Un tema en el que reconoció haberse podido equivocar al no poner al corriente con más tiempo a los comerciantes que han sido desalojados por el Ayuntamiento y que estaban presentes en la sesión. «Ahí sí admito que me digáis que m e equivoqué», matizó.

También fue novedoso su planteamiento de que «el Ayuntamiento debería licitar las plazas disponibles con las mismas actividades que existen actualmente» y abogó por llevarlo a efecto «tan pronto como desde los servicios jurídicos municipales se permitiese». Algo que contrasta con la forma de actuar del equipo de Gobierno hasta ahora, ya que nunca planteó tal postura.

Finalmente, el concejal de Obras, Pedro Diego, compareció para explicar los pormenores del expediente de la piscina municipal, cuyas obras se han demorado 38 meses frente a los 12 que contemplaba el plazo de ejecución. Este retraso, y la ausencia de expediente sancionador alguno contra la empresa centraron los reproches de los grupos de la oposición que, además, esgrimieron el acta oficial de recepción. En dicho documento, suscrito el pasado 2 de febrero, la última certificación de las obras se remite al mes de noviembre de 2021.

El concejal se mostró satisfecho de haber acabado las obras antes de la adjudicación del servicio, licitado con tres años de retraso. Desde la Agrupación Vecinal Sí Se Puede Laredo reclamaron su dimisión.

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