Laredo da diez días a los comerciantes para desalojar el Mercado de Abastos

Esta resolución coincide en el tiempo con la licitación de las obras de remodelación del edificio, por un importe global de 700.000 euros. El expediente ha registrado una única oferta, formulada por la empresa Excavaciones González Vega S L, de San Vicente de la Barquera, sin que hasta la fecha haya trascendido el contenido de su propuesta dado que sólo se ha informado de la apertura del sobre 1, efectuada el pasado 26 de enero.

La notificación del decreto ha sido realizada por un agente de la Policía Local que ha entregado en mano a cada titularr la notificación. El segundo punto de la resolución de Alcaldía dispone «otorgar un plazo de diez días hábiles para dejar libre, vacío y en buen estado de conservación y a disposición del Ayuntamiento los puestos de venta, reservándose la administración municipal el derecho a ejecutar por sí el lanzamiento en vía administrativa». Dicho apartado también subraya que «los bienes no retirados se considerarán abandonados a todos los efectos».

El plazo señalado desde la Alcaldía implicará, de llevarse a efecto en sus estrictos términos, que el Mercado de Abastos permanezca un tiempo indeterminado con las puertas cerradas y sin actividad de ningún tipo. Tomando como fecha de referencia la del 7 de febrero en que está firmado el escrito, el límite para desalojar el edificio sería el próximo 21 de febrero. Ese día el inmueble, inaugurado en 1902, dejaría de cumplir su función como lugar de venta de productos frescos.

Unos días antes de que finalice este plazo, el próximo 16 de febrero, tendrá lugar la comparecencia ante el Pleno del concejal de Patrimonio y Puebla Vieja, Antonio Bocanegra, responsable de el expediente relativo al proyecto de remodelación del Mercado de Abastos. Una comparecencia reclamada por todos los grupos de la oposición laredana.

Otra cuestión a dilucidar es la forma en que los propios asentadores entablarán su estrategia legal para hacer frente a esta resolución de Alcaldía. La notificación que han recibido pone fin a la vía administrativa, «por lo que contra la misma cabrá la interposición de recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dicta, o bien ser objeto de impugnación directa ante a la jurisdicción Contencioso Administrativa». Según indica la comunicación oficial « el plazo de resolución y notificación de tal recurso será de un mes a contar desde su presentación. Asimismo, en todo caso no cabrá interponer recurso ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto».

Finalmente, indica que «para la interposición de recurso ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el plazo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa para los actos expresos. Con relación a los actos que no sean expresos, tal plazo será de seis meses, y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto».

De esta manera, la resolución legal del desalojo podría demorarse incluso más allá de las elecciones de mayo. Sin embargo, el desahucio podría llevarse a efecto sin resolver este punto. Para ello, el equipo de gobierno esgrime el punto de la ordenanza municipal que prevé la obligación de dejar expedito el inmueble en el caso de que se acometan obras en su interior. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de seis meses. La orden ministerial que regula los fondos europeos vinculados a inversiones relacionadas con el Camino de Santiago establece como fecha límite para justificar la inversión el 31 de octubre de 2025.