Laredo recurrirá el aval que exigen los jueces para 16 propietarios del Tenis

La nota oficial aclara que «actualmente, el Ayuntamiento no está condenado a pagar a ningún afectado». Según el comunicado del equipo de gobierno, el recurso será interpuesto «a fin de que los laredanos asuman el menor coste posible derivado de la causa judicial propiciada por la concesión de la licencia de primera ocupación y las obras ilegales otorgadas a Edibilsa entre 1987 y 1989 por el entonces alcalde de la villa pejina en Comisión de Gobierno», en evidente referencia a Juan Ramón López Revuelta, hoy en día concejal de Hacemos Laredo, que era quien estaba en la Alcaldía durante esos años como regidor del PSOE.

Según exponen desde el consistorio, «los vecinos del Tenis y el Ayuntamiento de Laredo llevan más de treinta años padeciendo las consecuencias de la concesión de las licencias ilegales que permitieron a la entidad Edibilsa la construcción del edificio a pesar de las irregularidades constatadas en los numerosos informes técnicos».

En este sentido, recuerdan que «el edificio Tenis lleva décadas judicializado por la licencia de primera ocupación y la obra ilegal que el entonces alcalde concedió entre 1987 y 1989. Esa actuación ocasionó su condena a seis años y un día de inhabilitación por prevaricación en sentencia del Supremo el 27 de mayo de 1994. En 1996 fue indultado, no exculpado», matiza el comunicado.

Según el relato del equipo de gobierno, «tras años de paralización de la causa en otras legislaturas, la alcaldesa de Laredo, Rosario Losa, ha cumplido durante todo su mandato con las solicitudes instadas por el Tribunal con diligencia y rigor». De esta manera, avanza que «como en todas las anteriores ocasiones, va a actuar conforme a la Ley para defender los intereses de los laredanos, que desgraciadamente se ven perjudicados por las licencias irregulares concedidas a finales de la década de los ochenta».

El equipo de gobierno mantiene conversaciones con el abogado que representa al consistorio en esta causa para afinar una estrategia de la que quiere hacer partícipes al resto de concejales. Con este objetivo han convocado de forma urgente una Junta de Portavoces en la que expondrán la situación y recabarán el parecer de los representantes de los distintos grupos municipales en torno a los pasos a dar para que el recurso tenga más visos de prosperar.

Los cinco millones que tendrían que depositar en el plazo de un mes, se suman a los ocho millones de euros que el Ayuntamiento de Laredo ya consignó en abril del año 2018 para ejecutar el derribo parcial que ha motivado el último auto. Por tanto, esta actuación se salda, por el momento, con una inmovilización que ronda los 13 millones de euros, a la espera de certificar el alcance real del dinero que deberán asumir las arcas municipales.

Para tomar perspectiva de lo que estas cifras suponen, cabe recordar que el presupuesto ordinario del Ayuntamiento de Laredo ronda los 21 millones de euros. Por lo tanto, de confirmarse en todos sus extremos los autos dictados, el roto sería enorme.