Laredo reinicia el expediente de anulación de la rebaja de tasas por haber caducado el anterior

De entrada, la alcaldesa de Laredo, Rosario Losa, y el concejal de Hacienda, Javier Ramírez, que esgrimieron un informe suscrito por el tesorero accidental y por el interventor acumulado para justificar que los acuerdos adoptados en el pleno de noviembre de 2020 eran «nulos de pleno derecho», se apresuraron a garantizar que su determinación por emitir los recibos con las devoluciones quedaría avalada por el Consejo de Estado, al que elevaron consulta al respecto.

Pero en el mes de julio pasado el máximo órgano consultivo del Gobierno de España emitió un informe, silenciado desde el Consistorio hasta que saltó a los medios de comunicación, en el que planteaba una relación de objeciones formales que habían de ser resueltas antes de poder entrar a valorar el fondo sobre la procedencia y legalidad de anular dichas rebajas fiscales.

Entre las cuestiones señaladas entonces por el Consejo de Estado, destacó la ausencia de un periodo de alegaciones para que los vecinos que considerasen lesionados sus derechos por esta anulación de las rebajas fiscales pudieran defender sus intereses.

Abierto sin publicidad dicho periodo, que finalizó el pasado 29 de septiembre, fueron 31 los ciudadanos y asociaciones que concurrieron con sus alegaciones. Entre los argumentos esgrimidos, destaca la reiteración en señalar que no fue el Pleno quien tomó la decisión de anular los acuerdos adoptados por él, lo que consideran una irregularidad. Asimismo, esgrimen que el Boletín Oficial de Cantabria no publicó la revocación del acuerdo plenario. E invocan la ausencia del dictamen del Consejo de Estado para avalar la medida de volver a cobrar la cuantía exonerada inicialmente.

El penúltimo episodio se escribió el pasado 2 de diciembre. En dicha jornada, la Secretaria municipal dio por caducado el expediente 982/2022. Y ordenó la incoación de uno nuevo, que ahora lleva por número el 5128/2022. En él se heredan las actuaciones realizadas hasta la fecha, incluidas las alegaciones que se habían presentado y que siguen sin resolver. El BOC del pasado martes, 20 de diciembre, anunció un nuevo periodo de 20 días para presentar nuevas alegaciones antes de remitir las actuaciones al Consejo de Estado.

En el nuevo expediente abierto sobre este asunto, de casi 580 páginas, se incorporan datos que fueron omitidos en su día y exigidos por el órgano consultor, como «el texto íntegro de las actas de las sesiones en que se adoptaron los acuerdos de aprobación relativos a las modificaciones fiscales de referencia».