Laredo sigue sin cobrar la mayor parte de la deuda millonaria de Proinasa después de 13 años

Después de pagar dos de las cinco partes de la deuda acordadas con el equipo de gobierno que lideraba entonces (2007-2011) el regionalista Santos Revolvo, la empresa y el posterior equipo de gobierno, liderado por el popular Ángel Vega (2011-2015), esbozaron un convenio urbanístico para que la deuda restante se saldase mediante la cesión de unas parcelas que la mercantil tiene en la Puebla Vieja y que al Ayuntamiento le interesaban.

Ese convenio no se aprobó en Pleno hasta el 2015, con la entrada de otro nuevo gobierno liderado entonces por Juan Ramón López Visitación (PSOE), para lo cuál contó con el apoyo de PRC y PP. Pero se topó con un recurso de Sí Se Puede Laredo. En febrero de 2016 la letrada municipal suspendió de forma temporal el acuerdo plenario tras aceptar parcialmente las alegaciones de la agrupación y hasta contar con los informes técnicos que permitieran aclarar las «valoraciones contradictorias» de las parcelas que se incluían en el convenio para que la empresa saldara su deuda. Ante la falta de resolución del asunto, SSPL dio un paso más en el año 2018. Entonces denunció ante la Fiscalía el impago de la deuda por parte de la promotora, pero el Ministerio Público no apreció indicios de delito. «El crédito que el Ayuntamiento mantiene frente a Proinasa no ha sido cobrado todavía, pero no aparenta estar maliciosamente paralizado en su tramitación, sino que existen actuaciones municipales desarrolladas desde 2011 en adelante dirigidas al cobro de esa deuda por el sistema de compensación, una opción aparentemente lícita», apuntó la fiscal entonces.

Hasta la entrada del actual equipo de gobierno el expediente estuvo parado. Y en enero de 2020, la edil de Hacienda intentó llevar a pleno la resolución del recurso que presentó su grupo para rectificar el convenio. Pero no pudo hacerlo porque «es necesario que el Gobierno de Cantabria revise las valoraciones de las parcelas incluidas en el convenio para después hacer todos los cálculos necesarios que permitan cobrar toda la deuda». Todo ello, después de que el interventor municipal titular emitiera un informe en agosto de 2019 en el que advertía de la necesidad de resolver el recurso contra el convenio «con el fin de evitar la prescripción de la deuda que la empresa mantiene con el Ayuntamiento». Consideración que respaldó la Jefa del Servicio Jurídico. Ante esto, la alcaldesa emitió un decreto para mantener viva la deuda.

Hace unos meses, el Ayuntamiento procedió al embargo de Proinasa. Y después ha sido el interventor accidental el que ha puesto en duda la legalidad de dicho convenio.

En el último pleno, la edil de Hacienda anunció que «en poco tiempo» se resolverá el recurso de SSPL «proponiendo la anulación del convenio». Lo que no aclaró la concejal es, una vez que se anule dicho convenio, qué va a hacer el Ayuntamiento para saldar la deuda de la empresa, si se expropiarán las parcelas de Proinasa para cobrar los 2,1 millones o si se plantea una fórmula alternativa.