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Conocer que el Ayuntamiento de Laredo cedió hace un año, en enero de 2022, el edificio del Mercado de Abastos a la Consejería de ... Turismo para realizar las obras de rehabilitación, ha indignado a los asentadores de la plaza. «Son unos mentirosos, nos han estado engañando durante este tiempo», repiten al unísono los responsables de la Pescadería La Flechera, Frutería Ali, Flores Carmina y Frutas Eduardo Santander.
«Esperaron a diciembre para avisar de su intención de desalojarnos en apenas un mes. Y justificaron las prisas en que se acababan de enterar de que el proyecto iba adelante. Pero resulta que ellos lo sabían desde enero de 2022 y se lo callaron con mala fe para pillarnos a traición », claman con rabia.
«Nos reservamos emprender acciones legales contra esta forma de actuar, que es contraria a lo que se espera de unos representantes públicos», señalan en referencia a la alcaldesa, Rosario Losa, al concejal de Obras, Pedro Diego -quien rubricó el decreto de Alcaldía en calidad de alcalde accidental- y el concejal de Patrimonio y Puebla Vieja, Antonio Bocanegra. Los dos primeros declinaron hacer declaraciones al respecto.
Los comerciantes entienden que en el Gobierno de Cantabria «son ajenos a esta forma de operar tan inaceptable de estos políticos locales que están yendo contra familias de este pueblo». Así, piden al presidente, Miguel Ángel Revilla, al consejero Javier López Marcano, y vicepresidente Pablo Zuloaga «que les llamen al orden. ¿O van a ser cómplices de esta burda maniobra para promover nuestro desalojo como si fuéramos delincuentes?», se preguntan. En este sentido, solicitan que «no se adjudiquen las obras, cuya licitación finaliza el miércoles, hasta no aclarar esta actuación tan inmoral», insisten.
Los asentadores aún no tiran la toalla y se agarran con esperanza a sus alegaciones y a la moción que tres grupos de la oposición -Partido Popular, Hacemos Laredo y Unidos x Laredo- han registrado para su debate en el pleno del próximo jueves. «Les pedimos que buscasen una solución legal y ellos llevan una modificación de la ordenanza que cumple este requisito, y que además llega avalada por un informe jurídico», explican, tras agradecer la iniciativa a sus proponentes. «La alcaldesa y sus socios se comprometieron a apoyar una solución que fuera legal. ¿Qué van a hacer ahora? Si votan en contra estarían incumpliendo su palabra», concluyen.
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