Los otros números del puerto de Laredo

La marina es hoy sinónimo de visión de futuro: cuando nadie –en la oposición– creía en ello, el Gobierno de Miguel Ángel Revilla (PRC) se sacó de la manga un proyecto criticado por sus grandes dimensiones: «faraónico», le decían. En cierto modo lo fue, porque la obra, que tenía un plazo de ejecución de 22 meses, tardó más del doble en construirse, casi como una pirámide. Como es fácil suponer, también su presupuesto, inicialmente de 65 millones de euros, pegó un buen estirón, hasta superar los 100.

Paradójicamente, un negocio tan redondo como el que hoy representa el puerto –no solo en lo económico; también en lo turístico, social y deportivo– supuso una verdadera ruina para las empresas que se encargaron de construirlo: el acta de disolución de la UTE formada al efecto por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Ascán –Caja Cantabria, presente al principio, se descolgó pronto del proyecto– repartía entre ambas firmas unas pérdidas de casi 33 millones de euros.

Orígenes

Para entenderlo, hay que retroceder en el tiempo hasta el inicio de sus obras, allá por 2006. El Gobierno de Cantabria había adjudicado la obra a la UTE integrada por FCC y Ascán, que recibiría una subvención de unos 44 millones para hacer realidad el proyecto, que explotarían durante cuarenta años. El mismo contemplaba la ejecución de la dársena deportiva en la bahía de Laredo, defendida por un enorme espigón curvo, y manteniendo el puerto pesquero en su emplazamiento.

Con los trabajos ya en marcha, el Ejecutivo atendió la petición de los pescadores para trasladar su puerto hasta el nuevo espigón para ganar en espacio y accesibilidad: el uso del antiguo estaba condicionado por las mareas debido a su escaso calado. El cambio, al eliminar la canal de entrada, incrementaba la superficie destinada a atraques, que pasaban de 600 a 900. A estos, habría que añadir los 180 que se ubicarían en el puerto viejo, una vez libre. En total, casi 500 que no entraban en el acuerdo de concesión. Aparte de esos detalles, ese cambio sobre la marcha obligaba a realizar un modificado del proyecto y a hacer una parada en los trabajos. Al tiempo, la actualización de la inversión provocaba que el presupuesto superase los 100 millones de euros. Era el peor momento para interrumpir la obra, con el dique a medio hacer y la amenaza de que las mareas arrastraran bloques y materiales en caso de no cerrarlo.

Cuenta de compensación

Para impedirlo, el Gobierno acordó con la UTE formalizar una cuenta de compensación para hacer frente al sobrecoste: un banco pondría el dinero para que cobrase la obra una vez terminada, con el aval de Puertos de Cantabria, de modo que si el nuevo puerto de Laredo no generaba los suficientes ingresos como para hacer frente a los pagos a la entidad, los cubriría aquel organismo. Los responsables de la UTE, sin dudar de la palabra del Gobierno, quisieron amarrar mejor el acuerdo, que aparentemente quedaba garantizado una vez que recibió el apoyo del Parlamento. Luz verde.

El 26 de marzo de 2011, más de 4.000 personas acudieron a la inauguración del puerto de Laredo. A ellas se dirigieron, en sus respectivas intervenciones, el entonces presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla; el titular de Obras Públicas, José María Mazón, y el alcalde de Laredo, Santos Fernández Revolvo, todos ellos militantes regionalistas. El consejero subrayó que se trataba de una obra de referencia, el mayor puerto deportivo de todo el Cantábrico. Para el alcalde, constituía todo un símbolo para la localidad, además de fuente de prosperidad. Revilla, eufórico, resumió en una frase –que hoy no se atrevería a pronunciar–, la alegría que le embargaba: «Estoy más feliz que si Berlusconi me invitara a dar una vuelta con esas amigas por el mar».

Cualquiera, mínimamente observador, habría reparado en la significativa ausencia de los directivos de la UTE en un día tan señalado. Fue su forma de protestar por el hecho de que el Gobierno regional hubiese decidido cortar la cinta, a un par de meses de las elecciones, sin firmar la recepción de la obra.

Vuelco político

El resultado de las urnas dio un vuelco a la situación política en Cantabria, que quedó en manos del PP, vencedor por mayoría absoluta, con Ignacio Diego como presidente. Esa formación había criticado desde la oposición el proyecto del puerto de Laredo, y hasta los directivos de FCCy Ascán llegó el rumor de su intención de declarar lesivo el acuerdo del pago con la cuenta de compensación. Ante esa situación, optaron por pedir una ejecución de urgencia del acuerdo, algo posible después de que hubiera pasado por el Consejo de Gobierno y el Parlamento. Al presentarlo ante el juez, se rechazó la petición: el expediente, que dependía de Obras Públicas y de Puertos de Cantabria, no estaba completo, pese a que la obra ya se había inaugurado.

Efectivamente, el nuevo Ejecutivo solicitó la nulidad del acuerdo alcanzado por el anterior para abonar el sobrecoste de las obras; lo hizo cuando aún no había transcurrido un mes desde la toma de posesión de Diego, en una de sus primeras decisiones. El expediente, que no era válido para la declaración de urgencia, sí lo fue para declararlo nulo por el tribunal.

No fue la única desgracia para los constructores y concesionarios de la nueva instalación. A la vista de lo ocurrido y en medio de una coyuntura económica marcada por la crisis, letal para un sector como la náutica de recreo, la UTE decidió iniciar el proceso para que el Gobierno rescatara la concesión del puerto, la opción que les pareció más acertada para se les abonara la obra completa. Aunque lo lograron, el resultado no fue el esperado: a pesar de que la sentencia fue favorable a sus pretensiones, la cantidad de dinero a percibir resultó mucho menor, no solo privándolos de todo beneficio, sino produciendo pérdidas.

Ya se puede suponer que el periplo judicial fue mucho más largo y complicado. El último capítulo de esa extinta unión temporal de empresas tuvo por escenario las oficinas de Ascán en Igollo de Camargo, una empresa cántabra que quedó herida y escarmentada de su trato con la Administración. Allí, el 16 de septiembre de 2021, se firmó la disolución. El resultado económico de ese último ejercicio fue de 32.657.958 euros de pérdidas, como se refleja en el acta final.