La oposición de Laredo exige celebrar un Pleno extraordinario

Principalmente, los partidos de la oposición señalan su intranquilidad porque el precio a abonar por parte de la empresa adjudicataria por la ocupación de la vía pública será de cero euros, lo que, a su juicio, «no solo infringe la ordenanza fiscal, sino que también socava los principios de equidad y beneficio mutuo que deben regir en este tipo de acuerdos». En este sentido, los partidos de la oposición se preguntan por qué no aplican también el precio cero a la ocupación de la vía pública para los hosteleros.

Además, subrayan otros motivos que explican su inquietud como la «ausencia» de informes técnicos y económicos del secretario y del interventor municipales, «esenciales» para respaldar la licitación; «la ilegalidad e injusticia para el municipio y sus vecinos que supone la falta de una contraprestación económica por parte de la empresa» y «la falta de una explicación clara» del Consistorio sobre la viabilidad financiera del proyecto.

Los firmantes de la petición son la concejal de Hacemos Laredo, Rosalina López Visitación; el concejal de Unidos x Laredo, Ramón Arenas San Martín; el concejal de Unidos x Laredo, Lucas Roiz Morante; la concejal del PSOE, Rosario Losa Martínez y el concejal del PRC, Pedro Diego Hoyo. Todos ellos exigen la celebración de una sesión plenaria extraordinaria y basan su discrepancia con la licitación, en que, ésta incumple la Ordenanza Fiscal que regula la tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, según señalan en un comunicado.

Así, instan a la anulación del decreto de Alcaldía que aprobó el pliego de condiciones para la adjudicación de concesión demanial para el suministro, instalación y mantenimiento de puntos de recarga para vehículos eléctricos y la revocación del pliego publicado en el BOC.

El alcalde de Laredo, Miguel González, ya se pronunció a este aspecto cuando Unidos x Laredo presentó un recurso potestativo de reposición, aclarando que el Ayuntamiento de Laredo lo desestimaba dado que los informes de los técnicos del Consistorio «acreditan la legalidad del pliego de condiciones».