Los peritos coinciden en que 16 viviendas del Tenis quedarán inhabitables tras la demolición

Los cuatro técnicos que acudieron a la vista celebrada ayer en Las Salesas fueron el arquitecto José Manuel Pisa, que participó en su momento en la redacción (a través de la empresa Pentia); el arquitecto municipal de Laredo, Marco Antonio Pelayo; un técnico de la comunidad de propietarios del Tenis y otra de la empresa pública Tragsa, encargada de los trabajos de derribo parcial. Asimismo, estuvieron presentes el abogado del Ayuntamiento de Laredo, el de la parte que pide la ejecución de la sentencia y los dos que representan a los vecinos.

Uno de estos últimos aseguró, en declaraciones a El Diario Montañés, que «todos los técnicos han coincidido en que una vez que se ejecuten las obras de demolición las viviendas bajo cubierta dejan de ser habitables y sería necesario una nueva licencia para reconstruirlas y después ocuparlas». La técnico que acudió en representación de Tragsa reconoció, además, que «sólo nos han contratado para ejecutar el derribo, no para reponer los servicios». Esto supone que los vecinos de esas viviendas se quedarían sin suministro de luz, gas y agua. «Haría falta la concesión de nuevas licencias para poder volver a ocupar esas viviendas», apunta el letrado de los vecinos, que considera que la situación de estas 16 viviendas «puede aplicarse a las otras 54 restantes del edificio». Aunque no es un debate que ahora esté sobre la mesa de la Sala.

Tras estas comparecencias, este abogado estima que el tribunal abrirá un plazo de alegaciones y a partir de ahí tendrá que decidir si da luz verde a la petición de los vecinos para que el Ayuntamiento de Laredo preste la garantía del artículo 108.3 de la LJCA (Ley la Jurisdicción Contencioso-administrativa), que dice: «El juez o tribunal, en los casos en que, además de declarar contraria a la normativa la construcción de un inmueble, ordene motivadamente la demolición del mismo y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, exigirá, como condición previa a la demolición, y salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe».

En caso de que la Sala diese el visto bueno a este petición, tendría que fijar las cantidades que el Consistorio pejino tendría que abonar a los propietarios de las 16 viviendas afectadas y, una vez depositadas, «se podría proceder a las obras de demolición».

Otra de las cuestiones que queda por resolver es qué pasará con las viviendas una vez que Tragsa finalice las obras de demolición. El arquitecto José Manuel Pisa ya señaló en un informe que presentó la Comunidad de Propietarios que la memoria y retarifado del proyecto de derribo elaborado por Tragsa «no tiene en cuenta las consideraciones que realizamos en el informe de Pentia de 2009, en cuanto a que la reconstrucción interior será objeto de un proyecto de reforma que debería incluir todas las obras necesarias para mantener las viviendas del bajo cubierta en condiciones de habitabilidad...». Una actuación que, según defienden los propietarios, debería costear del Ayuntamiento como condenado en este procedimiento.

El Ayuntamiento de Laredo ha desestimado las demandas individuales que presentaron el 90% de los propietarios del Edificio Tenis y que suman una reclamación total, en concepto de responsabilidad patrimonial, de cerca de 27 millones de euros. En concreto, las reclamaciones presentadas por 54 vecinos (propietarios de 60 de las 70 viviendas) suman 26,8 millones de euros (casi medio millón por vivienda y 12.000 euros por daños morales).

Según informó uno de los abogados de estos vecinos, la Alcaldía laredana ha rechazado estas reclamaciones «porque debían de haberse presentado en el plazo de los doce meses posteriores al año 1999, cuando el Supremo determinó cómo había que ejecutar la sentencia».

El problema, según apunta este letrado, es que en ese momento «los vecinos no sabían si iban a perder su vivienda». «Es ahora cuando la Sala se está planteando si esas viviendas pierden habitabilidad tras la demolición parcial del edificio, con lo que la respuesta del Ayuntamiento de Laredo no tiene ningún sentido».

Aun así, los vecinos presentarán, por un lado, un recurso de reposición ante el propio Consistorio laredano «con la intención de que al menos acepte una parte de las demandas que hay presentadas», y, por otro, un recurso en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.