El Pleno aprueba el informe que anula las subvenciones concedidas en Laredo desde 2019

Fue otro de los titulares en una sesión que registró un intenso cruce de reproches entre la Agrupación Vecinal Sí Se Puede Laredo (SSPL) y el resto de formaciones con representación en la actual Corporación. Su recurso contra las subvenciones nominativas aprobadas para 2023 ha provocado un seísmo en la villa pejina, al activar la revisión de oficio de todas las ayudas concedidas desde 2019, último ejercicio en el que estaba en vigor el preceptivo Plan Estratégico de Subvenciones. Los siguientes pasos a dar los decidirá la nueva Corporación. La única nota optimista reside en que el ejercicio 2019 está amparado por el anterior plan. Por lo que la preocupación se ciñe a a las ayudas del 2020, 2021 y 2022. Si sale a devolver, será la ruina de muchos colectivos.

Carmen García, portavoz de la Agrupación Vecinal, que no concurrió a las elecciones, sostuvo que la revisión de oficio es una cuestión que compete al Pleno, por lo que conminó al resto de grupos a votar en contra del informe de los técnicos. El secretario municipal, preguntado al respecto, se limitó a señalar que en el caso de que los concejales opten por ignorar los informes, deberán fundamentarlo.

La edil saliente, lejos de asumir la responsabilidad de su grupo en este asunto, se felicitó por su «tesón y trabajo» para sacar adelante el Plan Estratégico de Subvenciones. Este documento se aprobó en el último punto de la sesión y permitirá dar cobertura legal a las ayudas que se dispongan hasta el mes de junio del año 2026, incluidas las del ejercicio actual, que deberán de ser convocadas de nuevo.

Su autocomplaciente valoración se topó con un torrente de críticas. La propia alcaldesa en funciones, Rosario Losa, aseguró que «el follón que han montado en este pueblo es incalculable. Ustedes se van a ir matando», les afeó.

No menos contundente estuvo el edil de Hacienda y Contratación, Javier Ramírez, que lamentó su nula autocrítica, les acusó de haber querido jugar a ser técnicos en lugar de políticos. «Da la sensación que han venido a destruir Laredo», remachó.

Desde el PP, su cabeza de lista y alcalde en ciernes, Miguel González, recordó a la edil de la Agrupación Vecinal que era conocedora de que el plan estratégico aprobado en el 2016 caducaba en el 2019. También le recriminó que en redes sociales haga alarde de que las asociaciones vayan a poder cobrar las subvenciones a futuro. «Pero se les ha olvidado decir que van a tener que devolver las subvenciones ya cobradas», lamentó.

Desde Hacemos Laredo, Rosalina López acusó a SSPL de haberla «liado parda» porque «han abierto la caja de Pandora». «Ustedes se van dando guerra», sentenció.

Finalmente, desde Unidos x Laredo, su portavoz, Ramón Arenas, apeló a «ser responsables y medir las consecuencias de lo que proponemos». En todo caso, lanzó un mensaje tranquilizador al sostener que «se han cumplido los principios básicos en materia de subvenciones y sólo estamos ante un pequeño defecto de forma».

El asunto de las subvenciones ha servido para sacar a la luz el mal ambiente existente en el seno del equipo de gobierno PSOE-PRC. A punto de abandonar el poder, en las filas socialistas ya no se ponen paños calientes y se habla abiertamente de «deslealtad y escapismo». La imagen más gráfica de esa falta de sintonía es que, desde las pasadas elecciones, en las que ambas formaciones han visto reducida su representación a la mitad, el PRC se ha quitado del medio. Es decir, no acude a los plenos. Su portavoz, Pedro Diego, marchó de viaje dejando solos a sus socios con un reguero de asuntos sin resolver.

Uno de los más sangrantes es el de la piscina. El chapuzón inaugural se anunció para el jueves 26 de mayo, dos días antes de la cita con las urnas. Pero toallas y bañadores quedaron sin estrenar. Un inesperado jarro de agua fría arrojado a las expectativas de dar por finiquitado uno de los culebrones del mandato.

El problema reside en la incapacidad de las calderas de calentar el agua. Lo que ha provocado que la empresa adjudicataria de la explotación no haya podido afrontar la apertura a pesar de contar con el personal ya contratado. La situación es tan delicada que no se descarta que acabe en los tribunales.

El mismo camino llevan las obras de los barrios de San Lorenzo y Pelegrín, ante el enfrentamiento abierto de la concesionaria y el Ayuntamiento en torno al incumplimiento por parte de éste último del plazo para acometer el acta de comprobación del replanteo. En este caso peligra una subvención de casi medio millón de euros.

La acusación de «escapismo» volvió a resonar ayer en boca del portavoz socialista, Javier Ramírez, en una imputación que retrata el comportamiento de sus socios en otros episodios como el de la anulación de las rebajas fiscales o la inauguración envuelta en polémica del monumento a la Batalla de Flores. Lances todos ellos en los que el PSOE quedó sólo ante las turbulencias, con un PRC que, como ayer, prefirió hacer mutis por el foro.