Losa: «No he podido realojar a los vecinos del Tenis porque la mayoría se ha negado»

Según precisa la regidora pejina, hay otras seis familias que «están en disposición de abandonar sus viviendas y entregar sus enseres y las llaves». Pero hasta los 70 propietarios aún queda una gran mayoría que se resiste a abandonar sus pisos. De ahí que para Losa está siendo «desagradable» esta situación «porque tanto los vecinos como el Ayuntamiento está implicado en este asunto, pero yo no, simplemente me ha tocado intervenir como alcaldesa».

Losa reconoce que el mayor problema del desalojo reside en la mudanza de los inmuebles dada la cantidad de viviendas que son, a las que hay que sumar garajes. «Es imposible desalojar todo el edificio a día de hoy (por ayer) habiendo recibiendo el auto el 26 de abril». Aun así, la alcaldesa asegura que hoy está previsto, como indicaba la Sala, que la empresa adjudicataria de la obras, Tragsa, proceda al inicio de los trabajos previos al derribo parcial del edificio. «Nosotros hemos informado a la Sala de todo cuanto hemos hecho. Ahora tendrán que decidir si es suficiente. Y si no, nos tendrán que decir cómo entramos a los pisos», apunto la alcaldesa, que quiso dejar claro que «yo no soy culpable de lo que está pasando».

Por su parte, los vecinos presentaron este lunes alegaciones y un recurso contra dos decretos de Alcaldía de 23 de marzo y 29 de abril, además de otro recurso de reposición contra el Auto de 26 de abril de 2021 que notificaba al Ayuntamiento la ejecución de la sentencia de demolición para hoy. Todos ellos giran en torno a la misma idea: que los decretos son contradictorios porque el Ayuntamiento daba una moratoria de 30 días para el desalojo, tras aplicar el plan de realojo cosa que, según ellos, no ha sucedido. «Estamos ante resoluciones injustas por parte de la Alcaldía a sabiendas que son injustas e incluso pueden ser constitutivas de un delito de prevaricación», advierten. A la par, piden la nulidad del Auto que obliga al Ayuntamiento a cumplir de inmediato la sentencia porque es «imposible» de cumplir ya que algunos vecinos no han sido notificados. «Todavía están recibiendo la notificación del Decreto que les dice que tienen 30 días para realizar el desalojo del edificio y el realojo en otra vivienda», sin tener «remota idea» a dónde van a ir y «dónde van a dejar sus muebles».

Dentro de este galimatías jurídico y administrativo hay víctimas de carne y hueso. La pareja formada por el laredano Miguel Ángel San Martín y la belga Christine Delbove no dan crédito a lo que les está pasando. Él está enfermo de cáncer y recibe tratamiento en Valdecilla. «Yo no me voy a marchar de aquí», defendía este lunes San Martín, que vive a caballo entre Canarias y Laredo. El hombre ha perdido 15 kilos y asegura que no está en condiciones de marcharse por una resolución injusta. «No es posible que el pueblo pague los gastos de lo que otros hicieron mal», esgrime su mujer Christine. «Todo esto es una aberración, el dinero se tiene que utilizar para cosas más importantes, nos están tratando peor que a okupas», critican.

En el piso de arriba vive Valentín López con su hija y su cuidadora. Padece una enfermedad degenerativa que lo tiene atado a una silla de ruedas. Hace 20 años que está empadronado en Laredo y su vivienda está adaptada a su situación personal. «Nadie me ha notificado nada ni me han ofrecido una vivienda adaptada. De aquí me saca la Policía o salgo en una ambulancia, voluntariamente no voy a irme de una casa que compraron mis padres y pagaron los impuestos», subraya.

A Valentín su frágil corazón ya le ha dado más de un susto. La ejecución de la sentencia supondrá que le quiten las terrazas y parte de una habitación, le van a quitar aquello que le permite ver la luz y respirar en plena pandemia. Este martes los vecinos se concentrarán a las 9.00 horas para expresar su malestar por el desalojo inmediato.