La reforma de la piscina de Laredo, sin concluir después de tres años de obras

El Ayuntamiento de Laredo se ha negado sistemáticamente a imponer sanción alguna a la UTE Gicsa-Ceteco adjudicataria de los trabajos, por un importe de 1.005.979 euros. Bien es verdad que, hace ahora mismo un año, fue la empresa la que requirió al Consistorio para que asumiese los trabajos. Ante el silencio oficial, su petición fue reiterada en la Nochevieja de 2021. Y sólo obtuvo respuesta en marzo del presente año, a través de la redacción de un informe que detectó algunas «cuestiones menores» que, según señaló entonces desde el concejal de Obras, Pedro Diego, quedarían resueltas antes del pleno del mes de mayo.

Aquí los plazos se han cuadruplicado. Porque los dos meses para subsanar esas deficiencias detectadas llevan camino de convertirse en ocho, sin que nadie aclare qué tipo de sanción acarrearán los sistemáticos aplazamientos. En cuanto a las razones objetivas para justificar un retraso, se podrían apuntar el parón inicial de la pandemia, pero la construcción fue un sector esencial que pudo continuar su actividad con normalidad.

En el otro frente abierto, el de la imprescindible licitación del servicio para que la piscina abra sus puertas, se mantiene el compás de espera tras el fiasco del concurso publicado el 31 de septiembre, y que tenía en el 4 de noviembre la fecha clave de fin de recepción de ofertas de las posibles empresas interesadas. El 21 de octubre todo se vino abajo. Aunque en la Junta de Gobierno extraordinaria convocada aquel día se atribuyó al interventor municipal la detección del error en el convenio a aplicar para el cálculo de los costes de personal adscritos al futuro servicio, lo cierto es que fue el propio Ayuntamiento quien se desmintió a sí mismo apenas 48 horas después, cuando salió al paso de la información publicada por este periódico.

El domingo 23 el comunicado oficial informaba de la intención de modificar los pliegos de la piscina «a resultas de la recomendación de una asociación sectorial». Tras plasmar el interés de varias empresas del sector en concurrir a la licitación, explicaba que el convenio usado como referencia es el que estaba en vigor en otros servicios ayuntamientos. Y añadía que era más ventajoso para la empresa. Además, establecía que el nuevo cálculo supondría la reducción de 700 euros respecto al importe global de 375.000 de la licitación. El párrafo final de aquel 23 de octubre decía así: «Una vez valorado todo por el servicio de intervención, se ha procedido al desistimiento para poder publicar los pliegos modificados en un plazo inferior a una semana, por lo que el proceso de licitación apenas sufrirá retrasos y esta misma semana seguirá su curso».

El desconcierto continuó la siguiente semana. La alcaldesa Rosario Losa reiteró en distintas entrevistas que el trastorno sería mínimo. Y que si antes de anular la licitación barajaba la apertura de la piscina como «regalo de Navidad», tras esta incidencia, dicha inauguración sería «para el día de Reyes». Una previsión que, a la vista está, resulta del todo imposible. Y que se suma a una secuencia de promesas incumplidas que primero situaban la fecha de inauguración para el verano, luego para el comienzo del presente curso escolar, y más tarde para antes de las uvas. En medio, la acusación de parte de la oposición de que todo responde a una maniobra electoralista. O la defensa del equipo de Gobierno con frases memorables como que la piscina «se abrirá lo antes posible».

Obras y licitación del servicio son las dos caras de una misma moneda. La de la vuelta a la normalidad de una piscina que se cerró en junio de 2015. Y que desde entonces lleva siete años y medio con el vaso lleno de despropósitos. Y con las instalaciones vacías de unos usuarios que siguen teniendo que buscarse la vida en las piscinas de Colindres, Santoña o Ramales.