Secciones
Servicios
Destacamos
Secciones
Servicios
Destacamos
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) sobre la cuantía que el Gobierno de Cantabria deberá pagar a las constructoras FCC y Ascan por la liquidación de la concesión para la construcción y explotación del puerto de Laredo.
En dicha sentencia, el TSJC dio la razón al Gobierno regional en el grueso del contencioso que mantienen ambas partes como consecuencia de la liquidación de esta concesión, si bien estableció que además de los 12,6 millones que el Gobierno de Cantabria abonó a la concesionaria (Marina de Laredo, integrada por FCC y Ascan) tenía que pagarle otros 2,7 millones por el IVA que ésta abonó a la Agencia Tributaria y ésta devolvió a su vez al Ejecutivo regional.
De esta forma el Gobierno regional ganado definitivamente el pulso legal que mantenía con la concesionaria del Puerto de Laredo, la UTE formada por FCC y Ascán –denominada Marina de Laredo– por el coste del rescate de la infraestructura. Las compañías reclamaban el triple de los 12,5 millones desembolsados por la Consejería de Obras Públicas. La concesionaria, en liquidación y en manos de los administradores concursales, considera insuficiente el dinero y reclama en total 33,7 millones de euros en concepto de «responsabilidad patrimonial de la Administración».
FCC y Ascan, constructoras de esta obra y a la vez integrantes de la concesionaria del contrato con la Administración (Marina de Laredo), recurrieron al Tribunal Supremo y reclamaban que en el importe que debía satisfacer la Administración al concesionario por razón de las inversiones realizadas en la ejecución de las obras de construcción se incluyera el beneficio industrial que las constructoras repercutieron a la concesionaria. Esta pretensión, que desestimó en su día el TSJC, también ha sido rechazada por el Supremo en su sentencia de 9 de junio, consultada por Europa Press.
12,5 millones de euros es la cantidad que el Gobierno de Cantabria pagó a la UTE Marina Laredo por el rescate de la infraestructura hace ahora dos años.
1. Petición e la UTE La concesionaria considera insuficiente el dinero y reclama en total 33,7 millones en concepto de «responsabilidad patrimonial».
2. Cálculo del Gobierno Los técnicos del bipartito calculan en un exhaustivo informe medido al milímetro que el rescate está valorado en 12,5 millones.
3. Diferencias Los 21 millones restantes se achacan a la redacción del proyectos, gastos de capitalización, la liquidación o gastos de demora.
4. Sentencia del TSJC La Sala admite los argumentos esgrimidos por el bipartito en todas las reclamaciones, excepto que le exige la devolución del IVA que pertenece a la compañía.
Y es que, según sostiene, «el abono del 6% por el beneficio industrial no puede considerarse una de las inversiones realizadas que pueda ser incluida» en la cantidad que debe abonar el Gobierno de Cantabria.
Esta sentencia del Supremo ha contado con el voto particular del magistrado Rafael Toledano, que considera que sí se debía de reconocer el beneficio industrial.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
-koDF-U1904631144472dG-356x249@Diario%20Montanes.jpg)
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.