El tesorero y el interventor de Laredo anulan las ordenanzas fiscales de 2021

En su escrito, el tesorero y el interventor fundamentan su declaración de nulidad en las irregularidades detectadas tanto en la retroactividad, pues las ordenanzas fiscales «no entran en vigor hasta su completa y definitiva publicación en el Boletín Oficial de la provincia o de la comunidad autónoma», como en la tramitación de las ordenanzas (información pública, publicación y contenido del expediente).

Recuerdan los funcionarios que el Pleno municipal aprobó de manera definitiva las nuevas Ordenanzas Fiscales el 28 de enero de 2021 y su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria no se produciría hasta el 18 de marzo de 2021. Pese a ello, señalan, «se ha constatado que las reducciones aprobadas sobre tales impuestos y tasas se han aplicado y liquidado con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2021».

Después de revisar los expedientes administrativos correspondientes, observan también que «su tramitación no se ha ajustado a lo establecido en el Art.17.1 del TRHL, toda vez que no consta en los citados expedientes administrativos la publicación del acuerdo provisional en el tablón de anuncios del Ayuntamiento». Apuntan también que el contenido del anuncio de aprobación provisional publicado en la prensa regional «no coincide con el contenido de los anuncios publicados en el BOC extraordinario de fecha 27/11/2020».

Por último, y en lo que se refiere al contenido del expediente, el interventor y el tesorero hacen referencia a la falta de informes técnico-económicos en los que se recoja el coste de los nuevos servicios, un informe «esencial, en cuanto que determina el importe de las tasas que se van a imponer a los contribuyentes».

A la vista de todo ello, ambos funcionarios proponen que se «se proceda a ordenar la regularización fiscal y la liquidación complementaria (con apertura de nuevo periodo de pago voluntario) del IBI y del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de 2021» ya que se devengaron con carácter retroactivo de 1 de enero «antes de la publicación del acuerdo en el BOC». Consideran que igual tratamiento se ha de dar al resto de las tasas modificadas: agua, alcantarillado, basuras, licencias urbanísticas, licencias de taxi, ocupación de vía pública y servicio de celebración de matrimonio civil.

Plantean también que se proceda a «la regularización fiscal y liquidación complementaria (con apertura de nuevo periodo de pago voluntario, en su caso) de los restantes tributos y tasas afectados del ejercicio 2021». Por último, proponen que se liquiden «conforme al calendario fiscal vigente» pero «de forma provisional», todos los impuestos y tasas «que aún no hayan sido girados en el presente ejercicio 2022, tomando en consideración que las modificaciones en las ordenanzas son nulas de pleno derecho y 'no han existido', es decir, no se deberían haber aplicado».

El equipo de gobierno de Laredo sacaba adelante en noviembre de 2020 una bajada de impuestos «histórica» que afectaba a la mayor parte las tasas e impuestos de su competencia. Entre estas rebajas destacaban la del 15% en el impuesto de circulación; el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), que se reducirá hasta un coeficiente del 0,6 (lo que supone que aunque suba el valor catastral, el recibo será el mismo); y el impuesto de plusvalía que disminuiría un 30%.

El Consistorio también aplicaba una «disminución importante», un 10%, en las tasas municipales de agua, alcantarillado y basuras y los costes correspondientes a licencias urbanísticas y la celebración de matrimonios civiles disminuían un 30%. Para facilitar el emprendimiento y ayudar a los establecimientos locales afectados por las restricciones derivadas de la crisis sanitaria, el Ayuntamiento eliminaría el coste de las tasas de ocupación de vía pública y las licencias de autotaxi se rebajarían un 70%.