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Operarios de la empresa Tragsa procedieron ayer a la retirada del vallado perimetral que rodeaba el edificio Tenis de Laredo desde el mes de mayo del pasado año ... . Esta actuación responde a la petición realizada por el Ayuntamiento pejino, que recientemente se dirigió a la Sala de lo Contencioso-Administrativo para informar sobre su intención de dirigirse a la empresa encargada de la demolición parcial del inmueble para que retire las vallas de obra instaladas de forma provisional.
Estas vallas han sido objeto de polémica casi desde el mismo momento en que se colocaron. Por un lado, porque suponían el inicio de la demolición del edificio, cuestión que ha generado momentos de tensión entre los propietarios y el Consistorio. Y, por otro, porque han sido varios los accidentes que han tenido lugar, el último hace apenas una semana. De hecho, esta circunstancia ha provocado que grupos de la oposición municipal como PP y Unidos x Laredo hayan solicitado en reiteradas ocasiones que fueran retiradas las vallas, ya que a su juicio, «este cierre resulta peligroso, además de provocar un embudo en la zona de la Avenida de Cantabria de la villa pejina y de limitar aún más las zonas de estacionamiento en este área de la localidad».
En cualquier caso, el Ayuntamiento que preside Charo Losa (PSOE) ha sido quien ha solicitado la retirada del cierre perimetral con el objetivo de «mejorar la seguridad del tráfico», tal y como quedaba reflejado en el escrito remitido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo. En el argumentario en el que el Consistorio basaba su petición, recordaba que ha habido varios accidentes de impacto de vehículos contra el vallado, motivo por el cual se pretende, con la retirada, «facilitar en la zona la circulación rodada que actualmente se encuentra interrumpida en las calles adyacentes al edificio, impedida por la instalación del vallado perimetral».
El riesgo de accidentes crece sobre todo en los meses de verano, en los que la población, y por tanto el número de vehículos, crece exponencialmente en la villa pejina. Teniendo en cuenta que el edificio Tenis se encuentra en primera línea de playa y que la zona es uno de los principales accesos a la Salvé, el hecho de tener estas vallas suponía un serio riesgo tanto para los coches que circulan por la zona, como para los peatones.
Además, según señalaba el Ayuntamiento en el escrito que dirigió al tribunal, suprimir el cierre perimetral de la mencionada urbanización no tiene repercusión alguna en la inmediatez en la ejecución de la obra de demolición parcial ordenada ya que «se encuentra a la espera de que recaigan los oportunos pronunciamientos de la Sala: por un lado, la aprobación judicial del Programa de Realojos, remitido mediante oficio de Alcaldía el 21 de abril de 2021».
La retirada del vallado del edificio Tenis coincide en el tiempo con el anuncio realizado por los propietarios de las viviendas de presentar demandas individuales al Ayuntamiento de Laredo que, en conjunto, supondrían un montante cercano a los 27 millones de euros. Estas demandas se producen, tal y como aseguró el presidente de la comunidad de propietarios del edificio, Josu Beaskoetxea, porque «al ejecutar la sentencia (el Ayuntamiento ) no va a devolver a los propietarios sus viviendas, sino un edificio en obra que necesitaría la obtención de las correspondientes licencias tanto para la conclusión de las obras como para la recuperación de las viviendas», lo que provoca que «al recibir una obra en construcción reclaman al Ayuntamiento la indemnización correspondiente por dicha pérdida».
El argumento de los propietarios del Tenis se basa en que «el Ayuntamiento de Laredo concedió varias licencias de obra después de ser declaradas ilegales», relató Beaskoetxea, que reprochó además que el Consistorio concedió «la licencia de primera ocupación que permitió la venta de las viviendas que los compradores adquirieron con total legalidad», aunque, añadió, «posteriormente, el edificio derivó en que no reunía las condiciones para ser otorgada esta licencia de primera ocupación». Cada uno de los propietarios denunciantes reclama el valor de su vivienda, de casi medio millón de euros.
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Ana del Castillo
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