A los integrantes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) se les ha agotado la paciencia respecto al caso del Edificio Tenis de Laredo, cuyos vuelos o terrazas así como de todo lo construido bajo ... cubierta por encima de la línea teórica de 45 grados debe ser derribado por sentencia del Tribunal Supremo, un fallo que lleva dos décadas para ejecutarse.
En un auto emitido el pasado lunes y al que ha tenido acceso El Diario Montañés, la Sala requiere personalmente a la alcaldesa de Laredo, Charo Losa (PSOE), para que lleve a efecto el realojo de los vecinos y todas las actuaciones necesarias antes del lunes, 3 de mayo, e informe a la Sala sobre dicha actuación, para que al día siguiente, 4 de mayo, se pueda iniciar la ejecución de las obras.
En caso de no cumplirse este requerimiento, el tribunal advierte a la regidora de la imposición de una multa coercitiva. Pero no solo eso, sino que «cada día de retraso en la ejecución de los realojos supondrá la imposición de nuevas multas o acudir a cualquiera otro de los mecanismos del artículo 112 de la LJCA (Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa), incluido elevar testimonio de las actuaciones al juzgado de guardia y al Ministerio Fiscal, para que puedan comprobar la existencia de posibles responsabilidades penales».
El Ayuntamiento pretende realojar a los vecinos censados en viviendas de alquiler con un coste de hasta 600 euros al mes
Hay que recordar que el pasado 12 de marzo, los vecinos del Tenis frenaron el inicio de los trámites del derribo parcial al negarse a poner sus viviendas a disposición del Ayuntamiento por no haberles facilitado el desalojo ni el realojo previo. Días después, la Sala emitió un auto en el que anulaba el Decreto de Alcaldía de 12 de febrero que daba lugar al inicio de la obra y «que contenía aseveraciones relativas a que todos los gastos que lleve aparejada la ejecución de la sentencia, incluidos los gastos del desalojo y realojo, vayan a repercutirse a los vecinos. También amenazaba con cortes de suministro y con no realizar las obras de remate interior de las viviendas».
La Sala anuló el decreto porque consideró que «la única finalidad que tiene es eludir parte de las obligaciones derivadas de la ejecución de esta sentencia, siendo reiterada la voluntad obstativa del Ayuntamiento, único responsable ejecutado».
Posteriormente, el tribunal requirió a la alcaldesa pejina para que antes del 23 de abril informara del plan de realojo proyectado por el Ayuntamiento, a lo que respondió indicando que la previsión es realojar a los vecinos empadronados en el edificio en viviendas de alquiler, con un coste de hasta 600 euros al mes, a través de una agencia inmobiliaria de la localidad. Pero el Ayuntamiento manifestó que no tenía resuelto el tema de los guardamuebles. Y tampoco aportó calendario de realojo, «a pesar de que tenía que haberse llevado a cabo hace más de un mes, suponiendo la demora un aumento de los costes, por el retraso, de la demolición ya proyectada».
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