El Tribunal Superior rechaza la suspensión del derribo parcial del Tenis de Laredo

Como ya avanzó ayer este periódico, a raíz del escrito interpuesto por los vecinos en el que solicitaban la suspensión del derribo parcial, la Sala requirió al Ayuntamiento de Laredo para que comunicara qué medidas había adoptado respecto al desalojo y realojo de los vecinos, y en especial de aquellos que revisten especiales dificultades de salud o de movilidad.

Además, solicitaba a la empresa pública Tragsa, encargada de las obras de demolición, que informara de si alguna vivienda va a estar afectada íntegramente en su habilitabilidad.

Tras recibir la documentación, tanto del Consistorio pejino como de Tragsa, el tribunal –la ponente es Esther Castanedo– concluye que ambos «han cumplimentado los requerimientos efectuados, de tal modo que la Sala cuenta con todos los datos relativos a los dos temas que la comunidad de propietarios introducía como determinantes para que se acordase la suspensión de la demolición material de los elementos determinados en la sentencia del Tribunal Supremo».

En relación con la posible pérdida total del inmueble o de alguna vivienda, la Sala ya había requerido a la ejecutante subsidiaria, Tragsa, para que, de darse este supuesto informara. «Al no haber respuesta, la Sala, según ya había venido repitiendo, no procedió a iniciar los trámites del artículo 108.3º de la LJCA (Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) al no darse el requisito de demolición íntegra».

En relación a la otra circunstancia apuntada por la comunidad de propietarios, que era la desatención del deber de realojo a los vecinos por parte del Ayuntamiento, el tribunal señala que se ha comunicado, por parte del Consistorio, las actuaciones tendentes a la efectividad del mismo, con especial atención a las personas que tengan problemas de movilidad. «De forma que tampoco concurre la circunstancia alegada y tampoco se va a proceder a la suspensión de la demolición parcial material».

Así las cosas, la Sala acuerda que Tragsa continúe con el cumplimiento del calendario de ejecución aportado, «sin perjuicio de las obligaciones que correspondan al Ayuntamiento para el buen fin de la misma». Dicho calendario indica que hoy se procederá a la firma del acta de replanteo de la obra, según confirmaron ayer a este periódico fuentes municipales. Asimismo, según el decreto de Alcaldía en el que se informó sobre el inicio del derribo, hoy se llevará a cabo el corte de servicios (suministro y evacuación de aguas, electricidad y telefonía) del edificio.

Del mismo modo se indicaba a los interesados que «es su derecho y obligación retirar cuantos muebles tenga en la construcción a demoler, actuación que habrá de ser efectuada con anterioridad a la fecha de entrada a efectos de la demolición acordada». También se les advertía de que «de no retirar los muebles se les tendrá por abandonados, continuándose con la demolición, encontrándose exonerado el Ayuntamiento de cualquier responsabilidad».

No obstante, en el auto del pasado 9 de marzo, la Sala da un plazo de diez días a la comunidad de propietarios para que alegue lo que a su derecho convenga respecto a dicho decreto de Alcaldía.

A pesar de la decisión de la Sala, el presidente de la comunidad de propietarios, Josu Beascoechea, señaló ayer que «nadie se va a mover de sus casas». «De hecho, no conozco a nadie que haya sacado ningún enser de su vivienda», aseveró.

El portavoz de los vecinos no entiende que el derribo vaya adelante «cuando el Ayuntamiento está obligado a realojarnos y darnos una manutención, y lo único que sabemos es que se ha puesto en contacto con hoteles». El abogado de un afectado afirmó ayer que el único hotel abierto en Laredo, El Ancla, «no puede acoger a los vecinos».