El Tribunal Superior de Justicia admite las reclamaciones patrimoniales de los vecinos del Tenis

En la sentencia notificada este lunes, a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, la Sala de lo Contencioso atiende la reclamación vecinal en base a la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico de Cantabria, que se vio modificada por la Ley 2/2011 introduciendo en la región una serie de disposiciones relativas a las ejecuciones de derribo y procedimiento de responsabilidad patrimonial en estos casos. En su epígrafe 4, apunta la Sala, dispone que «cuando la lesión se produzca como consecuencia de actuaciones administrativas declaradas ilegales que determinen el derribo de edificaciones, se deberá iniciar el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, desde el momento en que se tenga conocimiento fehaciente de la existencia de una resolución judicial o administrativa, firme y definitiva, que establezca la obligación de derribar. Se podrá establecer la cuantía aun antes de la efectiva demolición de los inmuebles, aunque en este caso la efectividad de la indemnización quedará condicionada a la puesta a disposición del inmueble a favor de la Administración obligada a materializar el derribo».

El tribunal entiende que la imposición en la normativa autonómica de la obligación a la Administración de incoar de oficio el procedimiento de responsabilidad patrimonial «ha sido incumplida por el Ayuntamiento de Laredo, fuera cual fuera el resultado final de éste». Igualmente, la Sala concluye que ha de ser considerado el pronunciamiento específico que dio a este tema en un auto de 9 de marzo de 2021 en que, al hilo de argumentar sobre el intento del Ayuntamiento de eludir su responsabilidad en la ejecución materia de la demolición afirma que «responderá de las responsabilidades patrimoniales que se deriven», especificando en el fundamento jurídico segundo que el cumplimiento de lo acordado en la sentencia «se hará a costa del Ayuntamiento, que es el verdadero ejecutado, y sin perjuicio de todas las indemnizaciones debidas a los propietarios por todos los daños y perjuicios causados por la demolición parcial, que ellos no tengan el deber de soportar», reconociendo el derecho a esta reclamación en el año 2021.

De ahí que el TSJC considere que concurren circunstancias especiales que permiten afirmar la tempestividad de la acción de reclamación ejercitada en vía administrativa e inadmitida: «el incumplimiento de una obligación específica impuesta por la normativa autonómica por parte del Ayuntamiento y el propio pronunciamiento de la Sala sobre la posibilidad de reclamación patrimonial por los daños que se produzcan con la demolición parcial. Por eso no puede ser admitida la prescripción invocada por la Administración reiteradamente incumplidora».

En lo que no se pronuncia la Sala es respecto a la cantidad económica a la que tendría que hacer frente el Ayuntamiento en este caso. El tribunal señala que en su recursos los vecinos suplicaban que se declarase la obligación del Ayuntamiento de instruir y resolver el procedimiento para cuantificar la indemnización que correspondiese por tal concepto. «Esta fue la pretensión ejercitada por la parte recurrente, pero la Sala no puede ir más allá de lo solicitado, de forma que ordena a la Administración la incoación, instrucción y resolución del procedimiento correspondiente».

Esta sentencia no es firme y cabe contra ella recurso de casación ante el el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días desde su notificación.

Este periódico se puso en contacto con el alcalde pejino Miguel González (PP), pero prefirió no pronunciarse por el momento.