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El Defensor del Pueblo ha dado un espaldarazo a la Plataforma de Vecinos del Puerto, señalando que la ubicación del Centro Integrado de Formación Profesional Puerto de Laredo contraviene la normativa vigente. Según este órgano, el proyecto carece de justificación legal para su construcción ... en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, un área protegida por su especial naturaleza y uso restringido. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Cortes Generales, la luz verde de la Dirección General de la Costa y el Mar es un requisito preceptivo y su negativa invalida la aprobación del proyecto. Además, enfatiza que los terrenos de dominio público marítimo-terrestre están reservados para usos que no puedan ubicarse en otros lugares, como las infraestructuras portuarias. En este caso, un centro educativo no cumple con dichos criterios, lo que supone una vulneración de la normativa.
En palabras del organismo, «un uso educativo no es un uso portuario, ni siquiera un uso comercial o de restauración». Asimismo, advirtió que permitir este tipo de usos ajenos al propósito original de la adscripción legal puede abrir la puerta a ocupaciones indiscriminadas y socavar la protección del litoral.
Desde el inicio del proyecto, la Plataforma de Vecinos del Puerto ha denunciado supuestas irregularidades en permisos esenciales como la licencia de primera ocupación, y ha alertado sobre las posibles ilegalidades del CIFP Puerto de Laredo. Este centro, ubicado frente a la playa La Salvé, inició su actividad en septiembre pasado pese a la negativa de la Dirección General de la Costa y el Mar, que no otorgó autorización para el uso educativo de estos terrenos.
La Administración regional desoyó las objeciones y continuó adelante con las obras, amparándose en el silencio administrativo de Costas, dado que argumentaron que el informe no llegó a tiempo. Así, el pasado viernes se inauguró oficialmente el centro en un acto en el que se destacó su relevancia para la educación del ámbito marítimo-pesquero en Cantabria. Sin embargo, detrás de la pompa del evento inaugural, persisten las sombras de la controversia: informes contrarios al proyecto y denuncias por su dudosa legalidad.
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