Unidos x Laredo denuncia al Ayuntamiento ante el Defensor del Pueblo

Ramón Arenas, portavoz municipal de Unidos x Laredo, ha tomado esta determinación después de solicitar reiteradamente que se le entregase copia del citado expediente. Arenas recuerda que «todas las administraciones tienen la obligación de responder al Defensor del Pueblo y de remitir la información solicitada. De no hacerlo, la institución puede poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, como establece la Ley Orgánica 3/81«. El pasado mes de abril se vio obligado a tomar la misma determinación para obtener el expediente de la piscina municipal.

Desde Unidos x Laredo dicen no comprender «la actitud oscurantista de la alcaldesa y del concejal de obras, al denegar una copia del expediente de las obras que se han ejecutado en la calle República de Puerto Rico de Laredo, que, por otro lado, ya fue objeto de denuncia por nuestra formación al comprobar que de los doscientos noventa metros de longitud de la calle, sólo se acometieron de forma incomprensible, setenta metros; por tanto sólo una parte de la calle».

En su escrito recuerdan que «también se denunció la forma de acometer dichas obras, donde se pudo comprobar que después de haber pavimentado la calle se volvió a levantar parte del nuevo firme para introducir unas tuberías, en contra de toda lógica», indican.

Arenas subraya que el Defensor del Pueblo en alguna ocasión precedente ya ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que valore si es de aplicación el artículo 502.2 del Código Penal ante la actitud no colaboradora de algunos ayuntamientos que obstaculizan el trabajo del Defensor del Pueblo.

El portavoz de Unidos x Laredo considera que «se está conculcando el derecho de participación en los asuntos públicos, dado que todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del alcalde o presidente o de la comisión de gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación municipal y resulten precisos para el desarrollo de nuestra función».

Finalmente destaca que, según la ley de transparencia, «se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones», una ley en la que se regulan también los límites a ese acceso.