¿Y por qué han decidido recurrir al presidente cántabro en un asunto judicial? Porque entienden que desde diferentes niveles de la Administración «se han podido y estamos a tiempo de explorar soluciones y propuestas más constructivas que sin contradecir al TSJC puedan ser aceptadas por él». «Inmersos en una pandemia y se proponen derribar balcones, cuando la tendencia urbanística por esta realidad, ya en marcha en otras comunidades, obliga a las nuevas construcciones a edificar con terrazas y a las construcciones antiguas sin balcones a poder realizarlas».
Los vecinos señalan en su misiva que no son conformistas con la «pasividad» de la Administración «escudándose» en que no pueden hacer nada porque hay una sentencia firme. «Existen sentencias firmes de derribo en otras comunidades que sus mismos TSJ (Extremadura) han salvado del derribo aduciendo la imposibilidad material parcial de cumplir con la sentencia de demolición, porque en todo este tiempo (15 años) el entorno ha cambiado mucho. Y nuestro caso es de 30 años».
Los propietarios del edificio no entienden que en plena crisis económica se propone que el Ayuntamiento de Laredo, «único condenado y responsable de este proceso», tenga que detraer posiblemente diez millones de euros no en construir, sino en destruir». «Y, aunque es cierto que la sentencia del TSJC dicta que se debe proceder a este derribo parcial, también dice textualmente en dos autos que 'siempre que existan garantías para las personas y las cosas'». Y es en este punto, según señalan los vecinos, donde la administración local y sus técnicos «tienen argumentos legales y soportes técnicos para en justicia evitar esos derribos».
Los vecinos insisten en plantear, como alternativa, la compensación en metros cuadrados de los construido en demasía y que eso pudiera ponerse al servicio de objetivos sociales como un centro de día u otros que estarían dispuestos a escuchar.
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