El alcalde de Vega de Liébana reconoció ante el juez la falsificación documental

La denuncia fue interpuesta por la concejal del PP en Vega de Liébana María Paz Calleja, en 2017, tras solicitar documentación sobre el expediente de ejecución de la vía ferrata y cerciorarse, por las propias juntas vecinales implicadas, que se había remitido un escrito para solicitar una autorización provisional a Medio Rural para iniciar las obras, con las firmas de los pedáneos, sin que éstos hubiesen consentido.

Algo que el propio alcalde no niega, e incluso llega a admitir en su declaración como investigado, tal y como consta en las diligencias previas realizadas para justificar la apertura de juicio oral por esta causa y a las que ha tenido acceso este periódico. En ellas, Alonso admite que el documento en cuestión «no tiene las firmas originales» de los pedáneos de Ledantes, Villaverde y Barrio y asume que el citado escrito oficial remitido a la Consejería de Medio Rural con esas firmas «pegadas» se elaboró desde el propio Ayuntamiento. Aunque reconoce que no fue buena idea (dice que fue una torpeza), justifica que se hizo así para agilizar los trámites de construcción de la infraestructura porque la Consejería de Turismo había adjudicado con anterioridad a una empresa la ejecución de la vía ferrata y, sin embargo, el Ayuntamiento no tenía aun el permiso de Medio Rural y la empresa «quería facturar antes de que acabase el año». En base a esto, y según lo declarado en su día por el propio regidor, se miró para «ver si se podía conceder una autorización rápida o provisional» por parte de Medio Rural. Es por ello que se incluyó en el expediente de la Consejería el documento presuntamente falsificado que, sin embargo, no consta en el expediente municipal de esta obra.

El asunto es que las tres pedanías declaran que sí son sus firmas pero que no las estamparon en ese documento, y se llega a afirmar en la instrucción del caso que, las mismas, han sido elaboradas «mediante alguna técnica de escáner» a partir de autorizaciones individuales que sí se habían dado previamente, pero vinculadas a una serie de condicionantes de explotación de la vía ferrata. Es en este punto en el que los alcaldes de Barrio, Ledantes y Villaverde discrepan con el contenido del documento presuntamente falsificado puesto que, en el mismo, se afirma que Ayuntamiento y juntas vecinales piden la autorización provisional «de mutuo acuerdo y a título gratuito» cuando lo cierto es que cada entidad menor pedía su cacho del pastel sobre las «ganancias» que podría suponer la apertura de la instalación turística, mediante cánones de explotación, puestos de trabajo, etcétera.

En su declaración como investigado, el regidor de Vega de Liébana insiste en que, con posterioridad a aquel trámite para acelerar la construcción de la ferrata, el Ayuntamiento envió las autorizaciones verdaderas e individuales de cada junta vecinal recogiendo sus peticiones y fue entonces cuando se les dio el permiso. También añade que la Consejería de Medio Rural supo «siempre» que se trataba de una petición de autorización «provisional».

Por su parte, los alcaldes pedáneos declararon que fue el propio Alonso quien admitió lo que había hecho. Tanto es así que, en una ocasión, estando los tres presentes junto al alcalde, éste reconoció su error al presentar el documento con sus firmas y afirman que lo justificó en «las prisas y en algo de una subvención y porque se les acababa el plazo». Además, todos ellos aseguraron que no les unía con Alonso ningún trato de «amistad o enemistad».

Las pedanías se cercioraron de la presunta falsificación de ese documento, cuando Villaverde recibió una comunicación de la Consejería de Medio Rural donde constaba este documento y que esto les resultó «raro», por lo que pidieron el expediente completo. Fue «al enterarse de todo» cuando pidieron a esta administración «la paralización» del permiso. E incluso contrataron a un abogado y pidieron la copia del Ayuntamiento donde «no constaba» el escrito falso. También explicaron que la propia Consejería solicitó al Ayuntamiento y a las juntas que «se arreglasen» y, como no lo hicieron, «el expediente caducó».

El alcalde de Vega de Liébana rehusó este miércoles hacer cualquier tipo de valoración sobre el tema que se le imputa, aunque si que lo hizo brevemente su partido a nivel regional para explicar que, en el caso de Alonso, no veían que se tuviese que aplicar a priori cualquier medida disciplinaria de suspensión de militancia ya que no lo consideraban un caso de «corrupción».