La Fiscalía pide siete meses de prisión para el alcalde Vega de Liébana por desobediencia

Consultado hoy por esta causa, el regidor de Vega de Liébana ha aclarado que la nave en cuestión fue derribada hace cuatro meses y niega haber cometido el delito de desobediencia que se le atribuye.

El Ministerio Público recuerda en su escrito de acusación, fechado en julio y que hoy ha sido difundido por Vecinos X Liébana, que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 anuló la licencia concedida para la instalación de un estercolero para ganado en Bores en 2007, resolución que fue confirmada en 2008 por el Tribunal Superior de Justicia.

La agrupación Vecinos X Liébana ha reclamado explicaciones públicas al alcalde antes de la apertura del juicio oral y la comparecencia pública de la Ejecutiva del PRC, a la que pertenece, porque considera que «también tiene que dar explicaciones a la sociedad».

En su escrito, la fiscalía hace un relato de las numerosas resoluciones que se han dictado desde entonces en este pleito, y de las «excusas» que ha ido presentado el acusado para no cumplir lo ordenado.

Durante este tiempo se le han impuesto varias multas, la primera en 2011 porque un año después de obtener la autorización de la Demarcación de Carreteras para el derribo aún no se había ejecutado.

El alcalde ha recurrido las distintas resoluciones que se han dictado, recursos que han sido desestimados y en los que ha alegado, entre otros motivos, que el Ayuntamiento había iniciado un expediente para legalizar la construcción.

Según la Fiscalía tras una nueva diligencia de ordenación dictada en julio de 2014 alegó «incomprensiblemente», dice, que «dada la peligrosidad del enfrentamiento entre las partes denunciantes y los propietarios de la explotación», esta podía desembocar «en actos con grave riesgo para la integridad tanto propia como de los propietarios y denunciantes«.

En 2014 se le impuso una nueva multa coercitiva, que fue también recurrida cuando ya había iniciado, explica, otro expediente administrativo para autorizar nuevamente la edificación basándose en la nueva normativa de Cantabria, que dio lugar al planteamiento de una cuestión de constitucionalidad por el juzgado .

Después de que el Tribunal Constitucional advirtiera de la declaración de inconstitucionalidad de los artículos en los que se pretendía basar la legalización de la construcción, se dictaron nuevas notificaciones que siguió sin cumplir.

En noviembre de 2017, señala, el «comportamiento obstruccionista» del acusado obligó a hacerle otro requerimiento, al que contestó que ya se había comunicado a la empresa adjudicataria que empezase el derribo, pero, según el fiscal, consta que esta empresa se había puesto en contacto con el regidor para empezar la obra «sin recibir contestación por el Ayuntamiento, con una clara intención del alcalde de no cumplir la resolución judicial».

Todo ello motivó un auto de febrero de 2017 interponiéndole una nueva multa al acusado, quien «con conocimiento desde hace años de la resolución que debía cumplir y quedándose ya sin excusas, a fecha de 16 de septiembre de 2017 seguía sin dar respuesta satisfactoria a las múltiples órdenes» del juzgado.

Vecinos por Liébana ha reclamado explicaciones al alcalde y al PRC «ante el silencio y el ocultismo de este caso- dice- a lo largo de más de una década por parte de nuestros representantes políticos y gobernantes a nivel municipal y regional«.

A la espera de esas explicaciones, «invita» al alcalde a «considerar si no estará haciendo daño a la institución que representa ante la gravedad de los hechos que se le imputan».