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El Ayuntamiento de Pesaguero se ha convertido en el primero de España en adherirse a la Declaración de Santander, un manifiesto promovido por la Fundación del Toro de Lidia, por Asaja o por la Federación Española de Caza, entre otras asociaciones, y que representa el ... rechazo de la sociedad civil al animalismo radical y a aquellos sectores de la sociedad que buscan acabar con la forma de vida de la España rural.
Con el popular Enrique Sabaris a la cabeza y después de celebrar dos festejos taurinos en años anteriores (el 2 de marzo acogerá una nueva corrida de toros), el Consistorio de Pesaguero aprobó por unanimidad respaldar una declaración que ya cuenta con el apoyo de más de 200 asociaciones de diversos ámbitos de toda la geografía española.
Impulsada por la Fundación del Toro de Lidia, la Declaración de Santander se firmó el pasado 12 de diciembre en el Palacio de la Magdalena y, posteriormente, se festejó con un acto en el que participaron el pastor asturiano Nel Cañedo y el ganadero de bravo Victorino Martín. Una reivindicación de la España rural ante la amenaza que supone el animalismo radical, financiado por multinacionales y que aspira a interrumpir el uso de animales en cualquier ámbito de la sociedad, ya sea con fines alimentarios, científicos o recreativos.
Pesaguero ha sido el primer ayuntamiento de España en dar el paso de formar parte de una unión con la que tauromaquia, caza, ganadería, agricultura y mundo rural en general quieren lanzar un SOS de cara a defender su modo de vida, es decir, la naturaleza, la tradición y, sobre todo, la supervivencia económica de muchos sectores.
Desde la Fundación Toro de Lidia consideran el de Pesaguero un paso «muy importante» y esperan que sean más los ayuntamientos que se sumen y refuercen su apuesta por las diferentes actividades que comprenden el entorno rural.
Por su parte, la localidad lebaniega, cuyo máximo responsable estuvo presente en el acto celebrado en la capital cántabra el mes pasado, no ha dudado en llevar al pleno la defensa de su modo de vida ante los ataques de un sector financiado «desde Centroeuropa o Estados Unidos y que gestiona ingentes cantidades de dinero». La propuesta fue aceptada por unanimidad.
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