Potes recibe el visto bueno judicial para la obra de pavimentación de la Cántabra

En diciembre, el juez falló que la pavimentación de esta calle no contravenía lo dispuesto en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Potes ni en su Plan General al utilizar losas para sustituir el adoquinado con cantos rodados existente en el vial, algo que recriminaba el Ejecutivo regional. Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC considera que no ha habido un procedimiento administrativo desarrollado de forma correcta que avale la decisión tomada en su día por la Dirección General de Patrimonio de paralizar la obra. Hay «una omisión absoluta de procedimiento, una total ausencia de una actuación preparatoria previa al acto en la que se fundamente y justifique la decisión que incorpora», señala en su sentencia, en la que se destaca además que «la omisión del procedimiento es ostensible, puesto que se dicta inmediatamente después de la denuncia de un particular, sin un acto de incoación formal, sin informe alguno previo sustentador de la causa de la decisión suspensiva que dicho acto expresa, sin alegaciones de los interesados y sin práctica de medios de prueba; en definitiva, sin actuación alguna previa al acto que permita identificar el contenido esencial del procedimiento administrativo».

La sentencia, contra la que cabe interponer recurso de casación, valida, en definitiva, la actuación del Ayuntamiento en esta céntrica calle un obra que ya está finalizada, toda vez que se autorizó la conclusión de los trabajos para no influir de forma negativa ni en el tránsito de las personas por la zona, ni en el acceso a los diferentes negocios existentes en ambos márgenes del vial.

Hasta llegar a estas sentencias, las obras de la calle Cántabra han pasado por un largo proceso desde que en el mes de enero de 2021 comenzaran a ejecutarse. En aquel momento, el Consistorio de Potes decidió renovar por completo el pavimento de este vial para conseguir, por un lado, una mejora en la red de saneamiento existente en la zona, que presentaba multitud de fugas dada su antigüedad, y, por otro, la eliminación de los diferentes tendidos (electricidad, telefonía o comunicaciones) y su canalización bajo el pavimento. Además, como otro de los objetivos esenciales de los trabajos, se perseguía mejorar la accesibilidad en toda la calle, eliminando las dos aceras existentes a ambos lados de la calzada, quitando el empedrado, nivelando el suelo y colocando en su lugar losetas. En total, los trabajos proyectados por el Ayuntamiento contemplaban una inversión que rondaba los 50.000 euros.

Sin embargo, apenas unos días después de que los operarios comenzaran a trabajar en la renovación del pavimento de la Cántabra, a inicios del mes de febrero, la Dirección General de Patrimonio ordenó la paralización inmediata de los trabajos, solicitando al Ayuntamiento «el proyecto, informes y demás documentación administrativa, relativa a la autorización y aprobación de la obra, ante la posibilidad de que estuviesen infringiendo el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la villa, y las medidas particulares del Plan General de Ordenación Urbana en relación con el conjunto histórico».

Según comunicó en ese momento Patrimonio, el Consistorio no había cumplido con el trámite de notificar la licencia de obra concedida o la autorización de las obras y además, la actuación que se estaba llevando a cabo en el conjunto histórico de Potes, suponía la sustitución del empedrado tradicional por uno nuevo a base de losetas, lo que podría comprometer la pervivencia de valores que hacen reconocible el conjunto histórico de la villa.

Las obras, tras la orden de Patrimonio se pararon, provocando importantes incomodidades a los vecinos de la zona, a los viandantes y, también, a los empresarios cuyos negocios se asientan en los márgenes de esta popular calle. Ante esta situación, el Ayuntamiento, con su alcalde, Javier Gómez (PP), al frente inició una batalla para poder acometer la conclusión de los trabajos. En este sentido, el Consistorio vio reforzada su posición con el respaldo de los empresarios, que, viendo la cercanía de la Semana Santa, argumentaron que la paralización, con la situación que presentaba la calle, ponía en riesgo la apertura de sus negocios, por lo que pedían que se tomase una decisión lo más rápido posible, para poder tener la calle en condiciones ante la inminente llegada de visitantes a la villa.

Ante esta situación, el Ayuntamiento solicitó el establecimiento de medidas cautelares que permitieran preparar la calle para las vacaciones de Semana Santa, algo que prosperó. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC suspendió la resolución de Patrimonio y permitió que continuaran las obras al entender que prolongar la paralización del proyecto «ocasiona perjuicios inmediatos y susceptibles de agravación con el paso del tiempo». Además, añadía en su resolución que continuar la obra no implicaba «un perjuicio irreparable para el interés general en la conservación del patrimonio histórico», pues el canto rodado retirado se había conservado –tal y como figuraba en una memoria de la obra– por lo que «podría reponerse con razonable facilidad» si finalmente se dicta sentencia firme sobre el fondo del asunto.

Con esta medida cautelar aprobada, el Ayuntamiento finalizó los trabajos y dejó la calle tal y como había proyectado apenas cuatro meses antes, es decir, con un nuevo pavimento de losas (en lugar del antiguo empedrado), la red de saneamiento renovada y los tendidos aéreos soterrados.

Ahora, casi dos años después, la misma Sala del TSJC ha vuelto a dar la razón al Ayuntamiento, que ve como uno de sus proyectos para el centro del casco urbano de la villa recibe el visto bueno judicial, eso sí, a la espera de un posible recurso de Patrimonio.