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El Partido Popular de Cantabria cree que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, ha actuado con «falta de lealtad y colaboración institucional» en el caso de la paralización de la polémica obra del casco urbano de Potes, donde se estaba sustituyendo el antiguo empedrado por losetas e incluso teme que la orden de parar los trabajos haya sido «sectaria». En defensa de la actuación de su alcalde, el PP ha recordado que esa obra forma parte de un plan de renovación del abastecimiento y saneamiento «urgente y perentorio» que, además, resuelve un problema de accesibilidad a casas y negocios de hostelería, por lo que la suspensión es un «perjuicio al municipio».
El PP hace esta acusación pese a que, en el momento de detener las obras, la directora general de Patrimonio, Zoraida Hijosa, ya señaló que el Ayuntamiento se había «saltado la obligación» de comunicar a su departamento los materiales que iba a emplear, dado que la calle está afectada por el Plan Especial de protección, que regula todas las intervenciones en el lugar. Y aunque el Ayuntamiento tiene la competencia de planear y ejecutar reformas, también tiene el deber legal de comunicarlas para que se les dé el visto bueno. Este acondicionamiento de la calle La Cántabra «se proyectó en noviembre y patrimonio todavía no tiene constancia oficial de la obra», declaró Hijosa a El Diario Montañés. De ahí que se ordenara parar «hasta que los técnicos (de la Consejería de Cultura) estudien si la actuación es correcta o no».
La secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, ha avanzado hoy que su partido «va a estar del lado del Ayuntamiento (cuyo alcalde es Javier Gómez, del PP) y de los vecinos» y advierte de que va a «vigilar» todo el procedimiento. Para ello, el Grupo Popular ha solicitado en el Parlamento de Cantabria la remisión inmediata de todo el expediente. «El Gobierno está para ayudar y colaborar, no para apabullar y arrollar», ha añadido.
A ojos de la diputada popular, «no es la primera vez que Patrimonio Cultural actúa con sectarismo». «Llama la atención que en este caso, el Gobierno haya actuado raudo y veloz y con extraordinario celo, cuando, al mismo tiempo, mantiene paralizados sine die expedientes de otros municipios y demoras en la tramitación de más de un año», ha afirmado Revuelta.
María José González revuelta
zoraida hijosa
Según la dirigente popular, en el caso de Potes la Dirección General de Patrimonio y Memoria Histórica actuó «a golpe de tuit y, en solo dos horas, redactó una resolución imprecisa e inconcreta para paralizar unas obras que el Ayuntamiento ejecuta en el uso de sus competencias, conforme a la legalidad y de acuerdo con el Plan Especial».
Hijosa ha reconocido que es cierto que se enteró del nuevo aspecto de la calle de Potes por Twitter, «lo que da idea de lo irregular del procedimiento, porque el Ayuntamiento nunca notificó su intención a Patrimonio, como es su deber. Nos enteramos el viernes por las redes sociales y el lunes se dio la orden de parar. Si cuando recibamos la documentación está todo de acuerdo con el Plan Especial, se permitirá seguir adelante. Aunque a primera vista parece que las losetas que han utilizado no son las más adecuadas para una zona protegida». La directora general considera que la «ley está bien hecha: el Ayuntamiento es competente para actuar, pero siempre bajo la supervisión de este departamento, cuyos técnicos decidirán» si los materiales empleados son pertinentes.
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