Tresviso y Peñarrubia exigen la paralización de las obras para cerrar la ruta del Canal de Urdón

«Esta ruta es posiblemente la más bonita de los Picos de Europa porque está dentro del corazón de la montaña», valoraba ayer el alcalde de Tresviso, Javier Campo (PSOE). Por ello no entiende que la empresa Repsol haya recibido los informes favorables de otras administraciones (Confederación Hidrográfica, Biodiversidad, Montes, el Parque Nacional o, por último, la licencia de Obra del Ayuntamiento de Cillorigo) para desmantelar un paso, el de Mata Llana, que tiene que ser conservado, según ellos, por «imperativo legal». Al menos eso es lo que entienden tanto él como el regidor de Peñarrubia, Secundino Caso (PSOE). Se basan en la documentación que obra en poder de los tres ayuntamientos que forman parte de la ruta del canal de Urdón, abierta en 1912. «Tienen la obligación de mantener y conservar, en ningún caso de derribar», insistía el regidor de Tresviso. Un convenio antiguo de cuando se abrió la central entonces regentada por la Sociedad Hidroeléctrica Ibérica, pero que estos dos consistorios, al igual que la Junta Vecinal de Bejes (Cillorigo), entienden que sigue vigente. Pasados los años, las infraestructuras siguen siendo los mismas, tanto el canal que no está cubierto ni vallado en muchos de los tramos que discurren por el Parque Nacional, como las pasarelas al vacío que han sido paso ancestral del pastoreo de la zona y, ahora también, del turismo de montaña.

Curiosamente, el documento en cuestión, que obra en poder de los tres Consistorios (Cillorigo, Peñarrubia y Tresviso, además de la Junta de Bejes) habla de la concesión del aprovechamiento de aguas a la vieja compañía constructora de la central. Todo el trámite parte además de una sanción que le imponen las autoridades de entonces a la hidroeléctrica por iniciar las obras sin permisos en 1910. A partir de ahí, se establece un convenio donde se regulan los derechos de los propietarios de los montes y terrenos ocupados por la construcción de la canal de agua, desde el nacimiento del río Urdón, y la central. Infraestructuras en las que el gobernador civil de entonces recoge el establecimiento de una serie de concesiones a los territorios afectados. La principal, y que afecta al paso que ahora está siendo demolido por Repsol es que, dicho camino, «podrá ser usado por los vecinos de los pueblos dueños de los montes, sin limitación alguna», siendo su conservación «en totalidad de cuenta de la sociedad dueña de la explotación industrial solicitada», que hoy en día es Repsol.

También, en el artículo 10 de dicho convenio regulador para el aprovechamiento hidráulico de la canal, se especifica que dichas autorizaciones para construir esas instalaciones no generan un derecho de propiedad hacia la empresa. «Demoler esta claro que no pueden, porque los terrenos no son suyos, tienen la obligación de mantener pero no de derribar», insiste el alcalde de Tresviso.

Pese a esta afirmación de los dos alcaldes, basada además en la antigua documentación que obra en poder de los ayuntamientos, se han concedido los permisos a Repsol para cortar los voladizos justo en medio de la ruta, lo que obliga a la Hermida, Bejes y Tresviso a utilizar otros caminos alternativos más largos y menos atractivos para el turismo de montaña. «Les he pedido humildemente que nos sentemos a hablar y que paralicen las obras», afirmaba ayer el alcalde de Peñarrubia, Secundino Caso, en referencia a una conversación telefónica mantenida con la compañía. De no hacerlo, adelanta que irán a los tribunales «de inmediato». A la par, denuncian que la hidroeléctrica está colocando carteles para anunciar el acceso restringido a la ruta «por obras», en lugares donde no se les ha concedido permiso y que son los accesos a otros caminos turísticos en pleno mes de agosto.

Desde que el pasado viernes se vallase la zona para iniciar el desmantelamiento de uno de los voladizos históricos de Cillórigo, muchos sectores como ganaderos y hosteleros han protestado junto a los alcaldes de Tresviso, Peñarrubia y la Pedanía de Bejes. También el regidor de Cillorigo se mostraba partidario de «conservar» pero acabó dando la licencia para demoler porque, según él, no les quedaba otra que cumplir con la legalidad en su territorio. No opina así Bejes (pedanía de Cillorigo) que insiste en que su Ayuntamiento les ha «abandonado» y dejado solos.

El Parque Nacional, Dirección General de Montes y Biodiversidad (Consejería de Medio Ambiente) informaron favorablemente al proyecto de la empresa para derribar, «porque era compatible» con su normativa, según declararon sus responsables.