Cabezón, condenado a pagar 1,2 millones por el fallido convenio del centro de salud

El asunto se remonta a mayo de 2009, cuando la entonces alcaldesa de Cabezón de la Sal, la socialista Isabel Fernández, firmaba un convenio urbanístico por el que el Ayuntamiento recibía una finca de más de 8.000 metros cuadrados ubicada en El Concejero (tras el IES Foramontanos) para ejecutar allí la mencionada dotación sanitaria. No obstante, a cambio de esta cesión, la empresa Lamadrid Rodríguez SL exigía una serie de compensaciones urbanísticas a ejecutar en promociones inmobiliarias -entonces en marcha en la zona-, además de vincular su cumplimiento a una cláusula que obligaba al Consistorio a aprobar el Plan General antes de diciembre de 2011. En caso contrario, el Ayuntamiento tendría que pagar a la mercantil más de un millón de euros por dicha propiedad.

El convenio fue controvertido en su momento y generó mucho debate en los plenos municipales de la época. El PP, que se abstuvo en la votación final para aprobarlo, ya advirtió de que la firma de ese acuerdo era «precipitada», además de no estar conforme con la ubicación elegida por estar alejada del centro urbano, aludiendo también a la ausencia de informes de la intervención municipal o la existencia de «puntos conflictivos» dentro del mismo, como la «transformación de un edificio de uso comercial en viviendas». Pese a la oposición y las dudas planteadas, el acuerdo urbanístico se aprobó ese año con los votos de los entonces socios del gobierno tripartito (PSOE, PRC y Progresistas).

Aunque cabe recurso al Tribunal Supremo, la del TSJC es ya la segunda sentencia que ratifica que el Ayuntamiento ha de indemnizar a la promotora Lamadrid Rodríguez con ese millón de euros largo pactado en convenio, al que hay que sumar los intereses de demora. El complejo asunto se trataba hace unos días en un madrugador pleno (se celebró a las nueve de la mañana) en el que el equipo de gobierno (PRC-PSOE) aprobaba junto a IU de «urgencia» desechar la posibilidad jurídica de interponer otro nuevo recurso al Supremo, no agotar la vía judicial y pagar la sanción. Por su parte, los dos ediles del PP no acudieron a la sesión por motivos laborales, mientras que el grupo Cs se abstuvo en la votación.

Por su parte, el alcalde de Cabezón de la Sal, Víctor Manuel Reinoso (PRC), rehusaba ayer hacer declaraciones sobre estos asuntos, tras ser preguntado por El Diario Montañés.

El acuerdo inicial que ha llevado al Ayuntamiento hasta este punto, y al que se llegó con la empresa constructora en 2009, fue que, a cambio de la cesión de 8.457 metros cuadrados de terreno del Concejero para hacer el centro de salud (un edificio que se inauguró años después en otra finca distinta), la empresa Lamadrid Rodríguez recibiría compensaciones de tipo urbanístico en una promoción que estaba entonces en marcha. Gran parte de estas peticiones tendrían que quedar reflejadas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, en ese entonces, estaba en tramitación. Fue precisamente el retraso en aprobar ese planeamiento lo que colocó al Consistorio en situación comprometida frente al convenio, ya que una de las cláusulas especificaba que si el documento no se aprobaba con las modificaciones pactadas en fecha de 31 de diciembre de 2011, se resolvería el mismo con una indemnización de más de un millón de euros por la finca.

Pasados un par de años, ya con otra alcaldesa al frente de la Corporación, Esther Merino (entonces adscrita al Partido Popular y hoy concejala de Ciudadanos), el Ayuntamiento aprobó un anexo al convenio al haber incumplido la cláusula de aprobar el PGOU a tiempo, por lo que se acordó con la empresa otro nuevo plazo para que no se ejecutase la indemnización prevista en el acuerdo original. Así, se comprometieron a tramitar y aprobar el Plan Parcial del Concejero fijando una nueva fecha para extinguir el acuerdo inicial, 31 de diciembre de 2012. Como esto último tampoco se cumplió, el 16 de diciembre de 2013, Lamadrid Rodríguez registró en el Ayuntamiento un escrito denunciando «el incumplimiento municipal», reclamando la indemnización.