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El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal (PRC y PSOE) aprobó ayer incrementar la tasa del agua y el alcantarillado un 20,6% y ejecutar la sentencia judicial que obliga al Consistorio a indemnizar a la empresa Acciona con 27.094 euros ... . Ambas medidas son «necesarias» para regularizar la situación de la empresa gestora del agua, que lleva sin cobrar el canon variable del Ayuntamiento desde el año 2017, por lo que éste había contraído una deuda total de 300.000 euros, según informó ayer el alcalde, Víctor Manuel Reinoso (PRC). Acciona interpuso un recurso contra la resolución plenaria del mes de octubre del 2017, en la que se aprobó (con el voto en contra del PRC y la abstención del PP) no incrementar el agua e incumplir por tanto el pliego de condiciones. El juez le dio la razón a la empresa el pasado mes de junio impuso al Ayuntamiento hacerse cargo de la deuda, que finalmente, «tras producirse varias negociaciones entre ambas partes», ha quedado reducida a 27.000 euros.
La medida de ejecutar la sentencia salió adelante por unanimidad, coincidencia de votos que no se dio a la hora de incrementar la tasa del agua, ya que los tres concejales que conforman la agrupación de Ciudadanos votaron en contra. Su portavoz, Esther Merino, propuso «que el Ayuntamiento asuma la subida del agua con dinero público, ya que se encuentra perfectamente saneado y no se incumpliría la regla de gasto, de forma que no repercuta en los vecinos». Por su parte, el PP se abstuvo e instó al Ayuntamiento «a llevar a cabo alguna medida para que la subida no la tengan que pagar los vecinos». El alcalde explicó que sacar adelante este punto «resulta inevitable, ya que de otra forma continuaría incrementándose la deuda». Reinoso calculó que los vecinos pagarán entre 1,50 y 2,20 euros más de agua al mes e insistió en la necesidad «de cumplir la sentencia, ya que no hacerlo ha supuesto un gran quebranto económico para el Consistorio». El portavoz del PSOE insistió en la importancia de que a su vez Acciona «asuma las condiciones del contrato y realice las mejoras oportunas en el sistema de alcantarillado», algo en lo que también incidió el portavoz del IU, Felipe Ruiz. «Hay zonas del municipio donde las alcantarillas están totalmente atascadas», señaló.
En el pleno se aprobó también modificar la ordenanza reguladora del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (IBI) «para amortiguar la subida a diez años de la base imponible» y que los ciudadanos no paguen más. El alcalde aclaró que «la medida no implica bajar el IBI, sino congelarlo» y añadió que «en los terrenos de naturaleza urbana se pasará de un 0,9% a un 0,46% y en los de naturaleza rústica de un 0,50% a un 0,45%». La modificación entrará en vigor en el año 2020. Por último, en la mañana de ayer se aprobó nombrar juez de paz titular del municipio a Laura Oria Mirones, que sustituye en el cargo a José Pablo Casal, quien ha ejercido este cargo durante los últimos doce años. La nueva juez de paz es licenciada en Derecho y está opositando para juez. También ha sido juez de paz suplente desde el 2015 hasta la actualidad. El PSOE se abstuvo en la votación y el resto de concejales votaron a favor de la candidata del PRC «por su vinculación con el ámbito jurídico».
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