La central nuclear que no se construyó

En aquella manifestación el actual alcalde de San Vicente, Dionisio Luguera, era un joven con apenas 20 años que como otros barquereños formaba parte del servicio de orden. «Me sentí impresionado por aquel apoyo que logramos reunir, con el que se consiguió cambiar la historia de San Vicente», recuerda.

En los meses previos se habían celebrado otros actos de protesta por toda la región, pero aquel día se mostró claramente la oposición mayoritaria a la central de Santillán, un apoyo popular que se unía al creciente sentimiento que bajo el popular eslogan ‘¿Central nuclear? No gracias’ recorrían Europa y España, siendo decisivo para echar abajo este proyecto.

Varios años antes, en 1973, coincidiendo con los últimos años del franquismo, se había anunciado este proyecto que muchos llegaron a pensar que sería el gran transformador de un pueblo pesquero que empezaba a disfrutar de un incipiente turismo, deseoso de inversiones y de puestos de trabajo.

Electra de Viesgo comenzó a comprar terrenos hasta adquirir un total de 71,6 hectáreas –lo que vendría a equivaler, redondeando, a una extensión similar a la de más de 71 campos de fútbol–, en fincas situadas sobre los acantilados de Santillán-Boria (San Vicente de la Barquera) y parte de Prellezo (Val de San Vicente). El proyecto pretendía construir una gran central nuclear de cuatro unidades, con una potencia de cuatro millones de kilovatios, y cuyo coste inicial se calculó en aquellos momentos en 80.000 millones de pesetas.

Aquella central formaba parte de un ambicioso plan nacional para construir catorce instalaciones por diferentes puntos de España y sumarse a las tres ya existentes entonces. Finalmente, las protestas hicieron que tan sólo se construyesen ocho centrales nucleares, entre las que, afortunadamente, no se encontraba la de San Vicente. Su construcción junto al Cantábrico estaba justificado porque contemplaba refrigerarse con agua del mar.

Junto a la pequeña playa de Fuentes, desde entonces rebautizada por muchos como la playa de ‘la nuclear’, se abrió una enorme zanja en forma de herradura, se hicieron catas sobre el terreno y se instalaron algunos barracones de obra. A día de hoy aquella zanja, a modo de gigantesca trinchera, permanece inexplicablemente abierta como mudo testigo del proyecto, en una de las zonas más bellas y sensibles del Parque Natural de Oyambre, sin que responsables ambientales de la región hayan hecho nada para cerrar esa herida abierta hace cuatro décadas.

Con la muerte del dictador, la sociedad inició unos cambios que propiciaron la mayor demanda de información que, poco a poco, se fue transformando en la oposición de vecinos, colectivos y posteriormente de casi todos los ayuntamientos de la comarca. Por contra, para convencer de las bondades del proyecto hasta se organizó una excursión de las fuerzas vivas de San Vicente y de otros municipios limítrofes para conocer la instalación de la entonces recién inaugurada central nuclear de Garoña (Burgos).

En aquella campaña de información al pueblo participó muy activamente la entonces recién creada Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC), liderada por el actual presidente de la región, Miguel Ángel Revilla, que se encargó de organizar charlas informativas y conferencias con especialistas en energía nuclear.

Todavía muchos recuerdan aquella convulsa asamblea en la que Revilla, sobre una mesa del bar El Pescador, se dirigía a los asistentes quienes, sin embargo, no permitieron que el entonces alcalde, Manuel Blanco, pudiese explicar la posición del Ayuntamiento; la corporación municipal terminó dimitiendo, aceptándose sólo la del alcalde.

«Me siento orgulloso de lo que entre todos fuimos capaces de hacer, paralizar un proyecto que hubiese sido catastrófico para San Vicente y toda Cantabria», señala el actual presidente regional. «Estaba claro que si se tenía que construir una central nuclear, el sitio menos idóneo en toda España era un lugar como San Vicente de la Barquera, que es una zona ambientalmente extraordinaria; como toda Cantabria, es un paraíso que con ese proyecto hubiese quedado destruido», manifiesta Revilla.

Como ADIC, todos los partidos políticos de entonces (salvo UCD y AP), sindicatos y asociaciones se posicionaron en contra de aquel proyecto, celebrándose una reunión en el Ayuntamiento de San Vicente en donde once alcaldes de la comarca hicieron un frente común contra la central.