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La concentración parcelaria continúa enfrentando a gobierno y oposición en el Ayuntamiento de Ruiloba. El desencuentro en torno a esta cuestión empezó antes de las elecciones y continúa después. Los políticos defienden las mismas posturas pero desde asientos distintos. En esta ocasión ha sido la ... exalcaldesa regionalista y ahora portavoz en la oposición, Sara Portilla, quien ha cuestionado la intención del gobierno de coalición (PSOE, PP y Cs) de anular el decreto de la concentración parcelaria en el municipio. Un punto que el alcalde, Julio Pinna (PSOE), ha incluido en el orden del día del Pleno que tendrá lugar hoy lunes a partir de las 17.00 horas.
Portilla advirtió de que el Pleno «no dispone de las competencias para anular el decreto, ya que le corresponde al Gobierno de Cantabria». La regionalista aseguró que se ha puesto en contacto «con los servicios jurídicos de la Consejería para ver en qué punto se encuentra el proyecto de concentración parcelaria», pero insistió en que el Pleno «no puede anular el decreto».
La del PRC recordó además que recientemente ha presentado una batería de solicitudes en el Consistorio para solicitar «información sobre expedientes y actuaciones que comenzamos en la anterior legislatura y, de momento, no hemos obtenido respuesta alguna», remarcó. Además de que «no nos dan acceso a los expedientes y resoluciones desde que se celebrase el único Pleno de la legislatura en el mes de julio».
Por su parte, el alcalde explicó que lo que se llevará a Pleno este lunes es «iniciar el procedimiento para paralizar la concentración parcelaria». Pinna insistió en que es «plenamente consciente de que el Ayuntamiento no tiene las competencias para anular el decreto por sí solo; por eso espero reunirme con la Dirección General de Desarrollo Rural para aclarar este punto y ver qué pasos se deben seguir», adelantó.
Pinna informó de que ni el equipo de gobierno ni los vecinos afectados «estamos de acuerdo con la forma en la que se estaba ejecutando la concentración parcelaria, que se inició hace unos dos años en el barrio de Trasierra en base a un modelo ya caducado del año 1989».
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