La concentración parcelaria enfrenta a gobierno y oposición en Ruiloba

La concentración parcelaria continúa enfrentando a gobierno y oposición en el Ayuntamiento de Ruiloba. El desencuentro en torno a esta cuestión empezó antes de las elecciones y continúa después. Los políticos defienden las mismas posturas pero desde asientos distintos. En esta ocasión ha sido la exalcaldesa regionalista y ahora portavoz en la oposición, Sara Portilla, quien ha cuestionado la intención del gobierno de coalición (PSOE, PP y Cs) de anular el decreto de la concentración parcelaria en Ruiloba. Un punto que el alcalde, Julio Pinna (PSOE), ha incluido en el orden del día del pleno que tendrá lugar el lunes a partir de las 17.00 horas.

Portilla ha advertido de que el Pleno «no dispone de las competencias para anular el decreto, ya que le corresponde al Gobierno de Cantabria». La regionalista ha asegurado que se ha puesto en contacto «con los servicios jurídicos de la Consejería para ver en qué punto se encuentra el proyecto de concentración parcelaria», pero insiste en que el Pleno «no puede anular el decreto». La del PRC ha recordado además que recientemente ha presentado una batería de solicitudes en el Consistorio para solicitar «información sobre expedientes y actuaciones que comenzamos en la anterior legislatura y de momento no hemos obtenido respuesta alguna». Además de que «no nos dan acceso a los expedientes y resoluciones desde que se celebrase el único pleno de la legislatura en el mes de julio».

Por su parte, el alcalde, Julio Pinna, ha explicado que lo que se llevará a pleno el lunes es «iniciar el procedimiento para paralizar la concentración parcelaria». El regidor ha insistido en que es plenamente consciente de que el Ayuntamiento no tiene las competencias para anular el decreto por sí solo, «por eso espero reunirme el lunes con la directora general de Desarrollo Rural, para aclarar este punto y ver qué pasos se deben seguir», ha adelantado.

Pinna ha informado de que ni el equipo de gobierno ni los vecinos afectados «estamos de acuerdo con la forma en la que se estaba ejecutando la concentración parcelaria, que se inició hace unos dos años en el barrio de Trasierra y que los vecinos lograron paralizar tras presentar varias alegaciones en contra». El alcalde socialista ha asegurado que los afectados «no fueron avisados de que se les iban a expropiar las fincas». Pinna critica además que la anterior alcaldesa, Sara Portilla, «estaba realizando la parcelaria en base a un modelo ya caducado del año 1989 con el beneplácito del Gobierno de Cantabria». Su intención, ha argumentado, «es iniciar un nuevo procedimiento teniendo en cuenta a los actuales propietarios de los terrenos afectados».

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