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La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha iniciado un expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Cabuérniga, al que impone una multa de 2.000 euros, «por el vertido de aguas residuales procedentes de la red de saneamiento de Carmona». Se trata de la tercera ... sanción que recibe el Consistorio por el mismo motivo, tras las sucesivas denuncias interpuestas por el vecino de Santander, pero ligado a Cabuérniga, Gustavo González, quien acusa a la alcaldesa, Rosa Fernández (PP), de no buscar una solución al respecto. González puso la primera denuncia ante el organismo hidráulico en el año 2020 y la sanción -de mil euros- se ejecutó en 2021.
Desde entonces, este vecino ha insistido hasta en dos ocasiones sobre un asunto que preocupa en el pueblo de Carmona, como es el estado en que se encuentra la depuradora, que dejó de funcionar hace ya varios años y cuyos vertidos han ido a parar al río Quivierda. En la segunda ocasión y a la vista de que la situación se alargaba en el tiempo, Confederación volvió a imponer una multa al Consistorio de otros mil euros, a los que se sumarían 145,50 euros en concepto de «daños ocasionados al dominio público hidráulico», según reza la notificación. En esta tercera ocasión, la multa asciende a 2.000 euros.
El problema con la depuradora de Carmona viene de lejos, aunque González no empezó a denunciar hasta el año 2021. De hecho, la propia alcaldesa ya puso el asunto en conocimiento del Gobierno Regional el año pasado, cuando alertaba del «lamentable» estado de la depuradora. Rosa Fernández atribuía entonces la responsabilidad a la Consejería de Obras Públicas. Sin embargo, la alcaldesa popular aseguró este lunes que «la instalación se llevó a cabo hace casi diez años y, aunque el Consistorio cedió los terrenos, no se firmó un convenio sobre quién debía ocuparse de su mantenimiento».
La regidora popular añadió que la actual teniente de alcalde, Ana de Cos (PRC), «ha hablado con MARE, desde donde han informado de que en 2021 se realizó un informe sobre el estado de la depuradora y Obras Públicas nunca nos lo remitió». La regidora atribuye esta falta de comunicación a una cuestión política. «El Gobierno Regional no quería que yo apareciera en la foto», insistió.
Fernández informó además de que ya ha llevado a cabo las actuaciones necesarias para que «los vertidos no vayan a parar al río», aunque admitió que la instalación sigue sin funcionar. La alcaldesa adelantó que reparar la depuradora «puede costar 15.000 o 40.000 euros, dependiendo del estado en el que se encuentre el sistema eléctrico».
Fernández acusó además al denunciante de acosarla «a través de las redes sociales» y de estar en su contra «por ser del PP o por ser mujer». González ha puesto otra reclamación ante el defensor del pueblo.
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