La Consejería amenaza con intervenir el plan turístico del Saja-Nansa ante el riesgo de perder los fondos

Ante ese riesgo, la Dirección General de Turismo está decidida a intervenir el plan. Es decir, retirar a la Mancomunidad la gestión de los fondos y acabar con la parálisis. Por ahora, lo que ha hecho es detener todos los procedimientos abiertos como paso previo. ¿Por qué? Entre otros muchos motivos, precisamente, porque el número de procedimientos abiertos es muy pequeño. Y esto es un problema teniendo en cuenta que entre los requisitos del programa figura que el 50% del dinero esté justificado antes del 31 de diciembre de 2024. «Únicamente se han contratado seis proyectos de distintos ayuntamientos y no por todas las actuaciones de los mismos. En el resto de actuaciones el avance es prácticamente inexistente», recrimina Turismo a los alcaldes y en especial al presidente de la Mancomunidad Saja-Nansa, Fernando Fernández, regidor de Udías por el PP, el mismo partido que dirige la Consejería.

El asunto de los plazos es relevante, pero hay más. En un informe fechado el pasado 11 de julio y que fue remitido a todos los ayuntamientos la pasada semana, Turismo afirma que se han detectado diversas «irregularidades» en el procedimiento, así como «incumplimientos de la Ley de Contratos, falta de documentación, incumplimientos en los pagos e irregularidades en la gestión de la cuenta bancaria».

De manera explícita, los técnicos de Turismo ponen de manifiesto la dejadez de la Mancomunidad al denunciar que su presidente ni siquiera ha designado a sus representantes en la comisión de seguimiento del Plan de Sostenibilidad, el órgano que supervisa su correcto funcionamiento. Por ese motivo, las decisiones que ha tomado hasta ahora esta comisión -básicamente, la reformulación de algunas obras- son «nulas de pleno derecho».

El convenio entre las partes está en vigor desde diciembre de 2022 y la Consejería advirtió por última vez a Fernando Fernández y su equipo de estos incumplimientos el pasado mes de mayo. Cuatro días después, el alcalde de Udías se comprometió a solventarlo «de inmediato». Pero no lo hizo. Y ahora, Turismo se ha cansado de esperar y ha paralizado todas las contrataciones «habida cuenta de la ausencia de atención a los requerimientos».

Que el presidente de la Mancomunidad no ha actuado con diligencia lo reconocen hasta alcaldes del PP. Otro ejemplo es, como dice el informe, que el gerente del plan no fue contratado hasta el 1 de diciembre de 2023 y que, «inicialmente, su dedicación no fue exclusiva». Ahora, la Mancomunidad apunta que el gerente ha informado de su intención de dimitir por los «enfrentamientos constantes» con Turismo.

La conclusión de la Consejería es que «todo ello compromete seriamente la ejecución del Plan de Sostenibilidad y pone en riesgo la justificación de los fondos». En el peor de los escenarios, si el Gobierno de España considera que no se ha cumplido el convenio que regula el funcionamiento de estas ayudas, los ayuntamientos no solo tendrían que devolver los 3 millones de euros, también pagar los intereses y poner de su bolsillo el dinero de las pocas actuaciones que sí se han puesto en marcha.

Tendría que devolverlo, en teoría, la Mancomunidad, no los ayuntamientos. El matiz es importante porque hay municipios (Alfoz, Ruiloba y Comillas) que están dentro del plan sin ser miembros de la Mancomunidad. Sí lo son del Grupo de Acción Local Saja-Nansa, la organización que comenzó a redactar el documento antes de ceder los bártulos.