Exalcaldesa de Cabezón: «El convenio del centro de salud cumplía todos los requisitos»

En un comunicado, la senadora se defendía en solitario -la agrupación municipal del PSOE aún no ha valorado el asunto- de las acusaciones vertidas por el alcalde Víctor Reinoso (PRC), la portavoz de Cs, Esther Merino y la portavoz de IU, Raquel Fernández. Todos ellos, la responsabilizaban de la pérdida de esos 1,2 millones de euros por el convenio con Lamadrid Rodríguez SL.

Fernández recordó que esos tres partidos (Progresistas integraba entonces a IU) respaldaron en Pleno el acuerdo urbanístico de 2009 cuyo objetivo era «dotar al municipio de un suelo para construir un centro de salud comarcal que cumplía con todos los requisitos de legalidad». Por ello, culpó a la gestión política posterior de PP y PRC (legislatura 2011-2015) de dilatar las fechas acordadas en el convenio para aprobar la polémica cláusula del acuerdo que preveía una indemnización para la empresa de un millón sino se aprobaba a tiempo el PGOU, como así ha pasado. «Decidieron no trabajar en positivo» solicitando a Sanidad la devolución del suelo ya disponible por un criterio de distancias «a sabiendas de que lo importante que son los tiempos en la Administración». A la par, Fernández acusó a Reinoso y Merino de inacción y de «guardar en un cajón» el convenio provocando la situación actual. Asimismo, cuestionó que después de incumplir el acuerdo urbanístico el regidor hubiese decidido después ir al juzgado y apelar «dilapidando así dinero público que pagan los vecinos». Un gasto que cifró en 77.000 euros en gastos legales, a los que añadió otros 200.000 en concepto de intereses, que se han sumado al millón de euros de la indemnización.

También rechazó la socialista que ella o su partido (PSOE) hubiesen puesto piedras en el camino aquella legislatura cuando denunciaron ilegalidades en el planeamiento urbano aprobado por PP y PRC en 2013. «Cumplimos la obligación de velar por el interés público», dijo.

Fernández desveló ayer que había habido diferencias de criterio en el seno del actual equipo (PRC-PSOE) a la hora de seguir adelante con el proceso judicial con Lamadrid. Según ella, el motivo de que Reinoso la responsabilice del fallido convenio viene motivado porque él quería seguir apelando las sentencias condenatorias por motivos electoralistas, mientras que el PSOE se opuso. «Desconozco si lo hizo para ganar tiempo y que su nefasta gestión quedase oculta antes de la próxima campaña electoral», dijo.

Pese a las críticas cruzadas entre Fernández y Reinoso, representantes del grupo municipal del PSOE en el municipio aseguraban ayer a el Diario Montañés que todo esto no tenía porqué «desestabilizar» al gobierno local PSOE- PRC, «del que la senadora ya no forma parte», recordó el teniente de alcalde, Javier Gutiérrez. El socialista abogó por «mantener la calma y ver lo que pasa».