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PRC, IU y Ciudadanos protagonizaron ayer una atípica alianza y pactaron un comunicado conjunto -que no respaldaron ni PSOE (socio del gobierno local con ... el PRC) ni PP- en el que culpan a la exalcaldesa de Cabezón, la ahora senadora socialista Isabel Fernández, del perjuicio que causará en las arcas locales asumir la sentencia del convenio urbanístico del centro de salud. El auto del TSJC fechado en febrero reconoce la legitimidad de la empresa Lamadrid Rodríguez SL para reclamar 1,2 millones de euros de indemnización por ceder una finca de más de 8.400 metros al Ayuntamiento en 2009 y vincular la donación a una cláusula complicada de cumplir como era la aprobación del Plan General en 2011.
Tal y como desveló ayer El Diario Montañés, Cabezón aprobó en Pleno -hace tres semanas- un crédito extraordinario para pagar la sanción a Lamadrid Rodríguez, en base al fallido convenio urbanístico para construir un centro de salud en el Concejero. Una dotación que, finalmente, se ejecutó en otra finca más cercana al centro urbano, dejando expedito el terreno cedido, que ahora hay que pagar y que costará, según calcula el comunicado, a razón de «150 euros por vecino».
El alcalde de Cabezón, el regionalista Víctor Manuel Reinoso, rubricaba ayer un comunicado con los portavoces de Cs e IU, Esther Merino y Raquel Fernández, en el que señalaban a la exedil socialista como única culpable por firmar en 2009 «un convenio lesivo para el Ayuntamiento, ya que el condicionante para cumplir el mismo no dependía del Ayuntamiento sino de la Crotu», argumentan. Se refieren así a la polémica cláusula que vinculaba el acuerdo de la cesión a una indemnización por el justiprecio de los terrenos (1.092.000 euros) sino se conseguía aprobar el PGOU a tiempo fijado en el mismo (31 de diciembre de 2011).
A la par, citan también al PSOE y a la exalcaldesa como responsable de supuestas 'zancadillas' posteriores para arreglar el entuerto urbanístico, ya que se pactó una prorroga con la mercantil hasta diciembre de 2012 para aprobar el planeamiento y, aunque tampoco se cumplió, sí que se aprobó el documento urbanístico en diciembre de 2013, iniciándose la tramitación de un plan parcial reclamado por la promotora para no ejecutar la indemnización. No obstante, en ese momento, el PGOU ya en vigor «fue anulado» por una sentencia, al ser recurrido por particulares «y por el propio grupo municipal del PSOE y la propia alcaldesa que firma el convenio en un acto de irresponsabilidad política, pretendiendo que se anulase el Plan a sabiendas del agravio económico que podía suponer para el Ayuntamiento y sus vecinos», citan los firmantes del comunicado para valorar la sentencia.
El acuerdo -que ahora el PRC considera «lesivo»-, fue respaldado sin embargo por este partido en un Pleno de la época, validando así su contenido junto a PSOE y Progresistas. Un asunto que recordaba ayer el teniente de alcalde de Cabezón, el socialista Javier Gutiérrez, que eludió valorar la nota de prensa enviada por sus todavía socios regionalistas de Gobierno, y que deja en mal lugar a su senadora.
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