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Vicente Cortabitarte
San Vicente
Lunes, 22 de noviembre 2021, 14:07
El proyecto de ampliación del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera se ha topado ante un nuevo problema en su ya complicado camino para llegar a materializarse. La empresa adjudicataria de las obras - SATO, filial del grupo empresarial OHL- ha solicitado la rescisión ... del contrato debido a la paralización cautelar en la que se encuentran los trabajos. Una paralización que fue decretada en febrero de 2020 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) tras la denuncia realizada por el colectivo Ecologistas en Acción ante la posible afección de los trabajos a los valores ambientales de la ría de San Vicente en la que se proyecta el nuevo puerto.
La normativa establece que ante una paralización cautelar la empresa adjudicataria puede solicitar la rescisión del contrato una vez transcurrido ocho meses. En el momento que lo hace, la Consejería de Obras Públicas, de quien dependen las obras, dispone de otros ocho meses para formalizar la rescisión, en torno a la próxima primavera.
Mientras transcurre dicho plazo los máximos responsables regionales del proyecto están a la espera de que se dicte la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, y si está se produce antes de concluir el plazo señalado, y en el supuesto de que permita proseguir con el proyecto, la empresa SATO tendría que continuar con las obras, posiblemente renegociando las condiciones fijadas en el contrato de adjudicación por los daños ocasionados por esta paralización.
Pero si no se produce la esperada decisión judicial, SATO podría desvincularse del contrato, lo que supondría un fuerte varapalo económico y un importante retraso en la ejecución de este proyecto largamente demandado por el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, cuyas fuerzas políticas mayoritarias han mostrado su total apoyo a esta actuación.
El proyecto de ampliación del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera cuya inversión rondará los 5 millones de euros, se adjudicó a la empresa SATO en el mes de octubre de 2019, con un plazo de ejecución de dos años. Cuando los trabajos apenas llevaban cuatro meses, el TSJC ordenó la paralización cautelar ante la denuncia de Ecologistas en Acción. A los pocos meses permitió proseguir los trabajos que se tenían que ejecutar en tierra, los que afectan al paseo marítimo, que concluyeron en enero de 2021, pero se han mantenido paralizados los trabajos principales del puerto, es decir los que afectan al importante dragado que se tiene que ejecutar de unos 200.000 metros cúbicos de arena y fango para crear la lámina de agua y a la instalación de los 6 pantalanes con los 272 amarres previstos.
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