La Federación pide a Transportes que autorice la tarjeta al taxista de Cabezón

Para que un taxi pueda trabajar necesita contar con una licencia municipal y una tarjeta de transportes concedida por el Gobierno. Sin esta última, no puede salir del municipio. Es lo que le ha sucedido a David Gómez Pérez, el taxista de Cabezón de la Sal que se ha convertido en el primer afectado. «La Dirección General de Transportes carece de competencias para entrar a juzgar la viabilidad de la transmisión de la autorización, ya que corresponde al ente local; en este caso, el ayuntamiento de Cabezón de la Sal», subraya la Federación en el recurso.

El director general de Transportes, Felipe Piña, explicó en enero a este periódico que el cambio de criterio –hasta ahora nunca había aplicado el RD 763/1979 en este aspecto– se debía a una sentencia de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) dictada tras un procedimiento iniciado por la propia Federación Cántabra del Taxi tras haberse permitido la transmisión de la tarjeta de transportes de un taxista a una empresa de autobuses de Comillas. «Esta sentencia no ha sentado doctrina alguna, ya que con posterioridad a la misma se han autorizado hasta nueve licencias –en el recurso aparecen 11–, sin que en ninguno de esos casos, ni en ninguno de los registrados durante más de cuarenta años, se haya solicitado que se cumpla con los requisitos del Real Decreto de 1979», señala el colectivo de taxistas en el escrito. «Se trata de un argumento falaz y simplemente utiliza la sentencia como excusa para justificar el proceder abusivo y arbitrario que nos ocupa», apostilla.

Los taxistas insisten en que «durante los últimos 44 años, conforme hemos acreditado, no se han puesto las menores objeciones a las transmisiones realizadas al amparo de las normas municipales». Por eso, no entienden «el motivo por el que el Gobierno regional pretende cuestionar la legalidad de la práctica totalidad de las licencias en vigor, o cuando menos las transmitidas por antigüedad o jubilación que no prevé el Real Decreto, en lugar de dotarnos de seguridad jurídica, algo que es perfectamente posible con relativa facilidad».

Este recurso de alzada se une a la reciente petición de la Federación para que la Dirección General de Transportes suspenda la tramitación del proyecto de decreto que lleva varios años gestando, para que incluya sus reivindicaciones relativas a las transmisiones de licencias.

Tras el periodo de exposición pública, el colectivo que preside Manu Andoni Ruiz, envió el pasado 13 de enero un escrito a Felipe Piña para que tuviese constancia de la solicitud del sector que preside.