La Fiscalía investiga la denuncia por prevaricación del PRC al alcalde socialista de Ruiloba

El tema venía de antes. La exregidora ya había declarado extinta la ocupación por Resolución de Alcaldía en enero de 2021 y dos años más tarde, a las puertas de las elecciones municipales, requirió que el inmueble quedara libre. Sin embargo, hubo cambio de gobierno y cambio de planes. Según el comunicado del PRC, «el pasado mes de noviembre el alcalde Julio Pinna autorizó de nuevo su ocupación, cediendo el uso común especial gratuito de dependencias vacantes para la actividad de taller de cerámica, con el compromiso de impartir clases gratuitas a los vecinos». Los regionalistas opinan que con esa decisión se ha eludido «el cumplimiento de los actos administrativos firmes y de la sentencia que ratifica su legalidad de un modo grosero y con la anuencia del actual secretario-interventor», que dictaminó a favor de la ocupación.

Además, la denunciante insta a la Fiscalía a pronunciarse sobre la no ejecución de las resoluciones judiciales sobre el contrato de arrendamiento de una vivienda propiedad del Ayuntamiento por parte de «la hermana del actual alcalde», que reside en ella desde hace más de 40 años «sin pagar nada de nada». Aunque se ha dictado sentencia para desocupar el inmueble, Portilla asegura que el Ayuntamiento de Ruiloba «no ha adoptado medida alguna, permitiendo que la hermana del alcalde persista en su actitud incumplidora sin pudor alguno».

El otro asunto al que hace alusión la demandante está relacionado con la aprobación por parte del gobierno municipal de la suspensión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal funcionario, «con informes contrarios de los técnicos municipales». Según los regionalistas, la demanda afecta «tanto al alcalde socialista como a los concejales del PP y Ciudadanos, que el pasado 29 de mayo aprobaron una moción para ampliar la suspensión de la RPT, pese a estar confirmada por varias sentencias judiciales en los términos aprobados en 2022 para el personal funcionario y permanecer únicamente en suspenso para el personal laboral, a la espera de la resolución de procedimientos pendientes ante la jurisdicción social».

Dicho acuerdo –alega Portilla– fue aprobado con el voto en contra del PRC y con un informe contrario de la secretaria-interventora, que advirtió de su ilegalidad y de «la responsabilidad penal, civil y administrativa». Al no ser atendido su criterio, la funcionaria actuó de oficio y comunicó la situación a la Fiscalía, que ha admitido a trámite la denuncia, en la que la regionalista pide la incoación de diligencias para esclarecer los hechos que su grupo considera ilícitos.

El regidor socialista Julio Pinna aseguró ayer en declaraciones a El Diario Montañés que se había enterado «por la prensa» de todo esto y que, de momento, no había recibido «una notificación oficial» de la Fiscalía por lo que no tenía mucho que decir. En cualquier caso, se mostró «tranquilo» ante la noticia adelantada por el PRC y aseguró que daría explicaciones en el momento oportuno. También enmarcó las acusaciones en «una más» de Portilla y el PRC en el municipio.