El futuro del puerto deportivo de San Vicente, pendiente de la decisión judicial

Pero después de cerca de dos años de paralización y sin que se conozca la decisión final, está a punto de cumplirse el plazo que tenía la Consejería de Obras Públicas para dar respuesta a la demanda realizada por la empresa adjudicataria del proyecto, SATO, una filial del grupo empresarial OHL, de rescisión del contrato, petición motivada por la citada y prolongada paralización cautelar.

Ante la solicitud realizada por la empresa adjudicataria, la Administración cuenta con un plazo para dar respuesta a dicha demanda que en muy pocos días se cumplirá, por lo que si no se produce ninguna respuesta por parte del TSJC, el consejero de Obras Públicas se verá obligado a firmar la rescisión del contrato que tendría consecuencias muy negativas para este proyecto, una demanda histórica de San Vicente de la Barquera.

La primera consecuencia es que la Consejería de Obras Públicas tendría que pagar a la empresa SATO el 6% de la parte del proyecto no ejecutado, que según unas primeras estimaciones podría ser superior a los 150.000 euros.

Pero la segunda de las consecuencias que acarrearía esta falta de respuesta inmediata del TSJC es que esa rescisión del contrato obligaría, en el supuesto de que el auto del tribunal finalmente permitiese proseguir las obras, a iniciar toda la tramitación del proyecto desde sus inicios, lo que supondría un retraso de varios años en su ejecución final y también un incremento importante de la revisión del presupuesto, retraso que se sumaría a los dos años provocados por esta paralización cautelar, ya que de haberse cumplido los plazos, la ampliación del puerto deportivo de San Vicente tendría que haber estado finalizada el pasado mes de octubre.

Sin embargo todo ello se podría evitar si en los próximos días se produce el tan esperado auto judicial ya que, al parecer, se han cumplido todos los trámites del proceso por lo que tan solo se está a la espera de que se convoque la reunión de la sala del TSJC y que ésta delibere y dicte el auto que corresponda.

También cabe la posibilidad de que en estos pocos días, sin que se produzca el auto final, el tribunal decida levantar la suspensión cautelar, lo que impediría cumplir el plazo establecido de la rescisión del contrato, por lo que la empresa SATO tendría que proseguir con los trabajos.

El proyecto de ampliación del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera se adjudicó por 4.475.085 euros en octubre de 2019, con un plazo de ejecución de dos años. Cuando los trabajos apenas llevaban cuatro meses, el TSJC ordenó la paralización cautelar ante la denuncia de Ecologistas en Acción. A los pocos meses permitió proseguir los trabajos que se tenían que ejecutar en tierra, los que afectan al paseo marítimo, que concluyeron en enero de 2021, pero se han mantenido paralizados los trabajos principales del puerto, es decir los que afectan al importante dragado que se tiene que ejecutar de unos 200.000 metros cúbicos de arena y fango para crear la lámina de agua y a la instalación de los seis pantalanes con los 272 amarres previstos.

Desde un inicio el proyecto contó con el rechazó de grupos ecologistas y de Izquierda Unida, mientras que las fuerzas mayoritarias de San Vicente y Cantabria, así como la mayor parte de los colectivos sociales del municipio, lo respaldaron ampliamente.