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Veinticuatro horas después de conocer la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que declara nulo el proyecto de construcción del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera, los servicios jurídicos del Gobierno ya se ... han puesto manos a la obra para conocer si cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. «Nosotros lo que estamos haciendo ahora es analizar si cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Es lo único que podemos hacer en este momento», declaró ayer el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, quien adelantó que «hasta dentro de unas semanas, como mucho en un mes, no sabremos si cabe ese recurso».
Según explicó el titular de Obras Públicas, los servicios jurídicos han de «analizar los motivos de casación, porque al TSJC puedes recurrir cualquier cosa, pero al Tribunal Supremo no. Solo se puede recurrir cuando hay interés casacional y, para que lo haya, se tienen que dar una serie de supuestos que son los que hay que ver si se pueden dar en este supuesto concreto para tener alguna garantía de que van a admitir a trámite este tipo de recurso».
En la jornada de ayer también hicieron pública su opinión a través de un comunicado los integrantes de la Plataforma contra el Superpuerto de San Vicente, de la que forma parte Ecologistas en Acción, la entidad que interpuso la denuncia. Los miembros de este colectivo instaron ayer a la Consejería de Obras Públicas a «abandonar la tozudez» tras la anulación del proyecto por parte del TSJC, y a «resolver los problemas reales» de Cantabria. Consideran que «la Justicia contraviene las posiciones del Ayuntamiento de San Vicente y del Gobierno de Cantabria» y lamentan «el perjuicio en tiempo, recursos y molestias que la mala gestión de Obras Públicas ha causado y está causando a los barquereños y barquereñas».
El colectivo entiende como «lógica y justa» la sentencia y recuerda que «todas las molestias que ha causado y pueda causar el asunto del nuevo puerto» sobre la población local han sido «evitables, porque desde el principio se ha alertado de la ilegalidad de la infraestructura». A su juicio, «la Consejería y Gochicoa han ignorado deliberadamente todas las advertencias desde hace años».
Tras el varapalo judicial, desde la Plataforma instan a Gochicoa a tratar de resolver los «problemas reales» de los barquereños y los cántabros, «los que les afectan actual y directamente, en lugar de seguir recurriendo por proyectos propagandísticos y quimeras electoralistas que sólo causan desgaste en el personal de la propia consejería y molestias a los vecinos».
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