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VICENTE CORTABITaRTE
SAN VICENTE.
Jueves, 26 de diciembre 2019, 07:37
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha requerido al Gobierno de Cantabria para que justifique en los próximos días la necesidad de las obras del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera, obras que se iniciaron ... en el pasado mes de noviembre y que Ecologistas en Acción ha denunciado, solicitando su paralización cautelar.
Este colectivo conservacionista forma parte de la denominada Plataforma contra el Superpuerto Deportivo, que agrupa a distintas asociaciones ciudadanas, ecologistas y partidos políticos que desde el inicio se han opuesto a este proyecto, censurando la «temeridad» del Gobierno de Cantabria por tratar de «someter a la población a una política de hechos consumados».
En la denuncia de Ecologistas en Acción ante los tribunales se detallan las distintas afecciones al medio ambiente y los incumplimientos normativos que, a juicio de dicha organización, causará el proyecto del puerto deportivo, por lo que han solicitado como medidas cautelares la paralización de las obras «antes de que sea demasiado tarde y nos encontremos una sentencia que ilegalice el proyecto cuando ya esté hecho».
La plataforma contra el nuevo puerto barquereño, que ha dado a conocer mediante nota de prensa el requerimiento del TSJC al Gobierno de Cantabria, ha recordado la «colección de fiascos judiciales que hacen que sea razonable desconfiar de cualquier cosa que huela a ladrillazo por toda la comarca», señalando entre otros el campo de golf de Santa Marina, la variante de Comillas o las normas subsidiarias de San Vicente, «todas ellas anuladas por los tribunales y en los que Revilla y el entonces consejero y actual diputado nacional Mazón siguieron adelante pese a los reiterados avisos de grupos ecologistas de lo que iba a acabar pasando, su anulación por incumplir la Ley».
Desde dicha plataforma recuerda que han defendido otras alternativas al actual proyecto del puerto deportivo con menor impacto, como que la ampliación a ejecutar fuera «racional» hasta un máximo de 80 nuevos amarres, frente a los 272 previstos en el nuevo puerto, y que buena parte de los seis millones previstos de inversión se destinasen a desarrollar un pequeño polígono de servicios para las actividades locales de los barquereños.
Por su parte, la Consejería de Obras Públicas ha defendido la legalidad del proyecto y el cumplimiento de todos los requerimientos ambientales tras haber superado el informe de impacto ambiental y contar con todos los informes favorables de los organismos implicados como el del Patronato del Parque Natural de Oyambre y de la Demarcación de Costas, entre otros muchos. También ha señalado la necesidad de esta infraestructura en un espacio en donde se cuenta con mas de 150 embarcaciones fondeadas por diferentes puntos de las ría, lo que supone un mayor perjuicio ambiental que concentrarlas en el nuevo puerto.
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