Las grúas vuelven a la costa occidental con cientos de viviendas en Comillas y San Vicente

Comillas y San Vicente de la Barquera son dos buenos ejemplos de este renacer del ladrillo, con casi 700 viviendas nuevas ya en marcha o en el horizonte. Casi todas ellas destinadas a visitantes que solo subirán las persianas en los meses de veraneo, dejando urbanizaciones enteras desiertas durante el otoño y el invierno.

«Sí hay proyectos, pero solo llevo siete meses en el cargo y debo analizar más a fondo la situación urbanística del municipio antes de valorar si hay más actividad ahora», señala la alcaldesa de San Vicente de la Barquera, Charo Urquiza (PSOE). Una de sus primeras medidas al llegar al Ayuntamiento fue reforzar la plantilla de técnicos de urbanismo con un aparejador fijo.

Allí, en San Vicente, está prevista una de las urbanizaciones que más dará que hablar en los próximos años. Los dos antiguos hoteles Miramar, cerrados desde hace años, se demolerán para dejar libres 21.714 metros cuadrados donde construir un centenar de viviendas en uno de los enclaves más privilegiados del municipio. Las nuevas edificaciones se levantarán junto a la ermita de La Barquera, patrona de San Vicente, que verá cómo su entorno natural cambia por completo para dejar paso a un centenar de aparcamientos públicos y una urbanización exclusiva, en primera línea de costa, con vistas al mar y a los Picos de Europa.

Este proyecto, promovido por el empresario lebaniego Antonio Casado Briz, se levantará entre la Carretera del Faro y el Paseo de la Barquera, en unos terrenos en su mayoría urbanos consolidados, según el Plan General, por lo que el promotor no estará obligado a ceder el 15% de aprovechamientos al Ayuntamiento ni destinar un 30% a viviendas sociales. El proyecto también incluye zonas declaradas como suelo rústico de especial protección ecológica. También será necesario crear viales de entrada y salida, así como ensanchar el actual camino que llega hasta la ermita y cruza las parcelas para poder soportar el volumen de coches que circulará por allí en el futuro, según se puede leer en los informes técnicos municipales.

Con el estudio detalle presentado por Casado Briz ya aprobado en el Ayuntamiento, y con las tramitaciones en la Crotu y Costas gestionadas durante el año pasado, el desarrollo deberá seguir dando pasos en los despachos antes de poder empezar las obras en un plazo todavía por determinar.

A solo 10 kilómetros de allí, en Comillas, la alcaldesa Teresa Noceda confirma lo que dicen los datos sobre la resurrección del ladrillo en la costa occidental. «Comillas está de moda. Desde hace dos años ha empezado a venir mucha gente de fuera que demanda segundas residencias y ha vuelto la construcción. También se está rehabilitando mucho», explica la regidora del PRC.

Allí, en Comillas, las grúas son visibles para todos los que lleguen a la villa por la carretera de Cabezón de la Sal. Hay dos promociones ya en marcha. La empresa Acciona está construyendo 200 pisos y dúplex bautizados como Las Casonas de Estrada, con precios que van desde 330.900 euros la más barata a 608.500 euros la más cara. Está previsto entregar las llaves el tercer trimestre de 2025. Y enfrente también está en obras el residencial Prado Verde, una docena de chalets adosados financiados por Banco Santander.

Pero el premio gordo está a dos minutos a pie de allí, en una parcela de 141.000 metros cuadrados, ubicada en la zona conocida como El Sardinero, donde se prevén construir 368 viviendas promovidas también por el empresario Antonio Casado Briz, el mismo que desarrollará la citada urbanización de San Vicente de la Barquera.

El problema es que este proyecto inmobiliario estaba condicionado, en su origen, a la creación de la variante de Comillas, declarada ilegal por el Tribunal Supremo en 2010, con la que el bipartito PRC-PSOE pretendía acabar con los atascos que sufre la villa, especialmente durante los meses de verano, y sacar así el tráfico fuera del casco urbano.

Ahora el Ayuntamiento de Comillas está en proceso de modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) -ya lo hizo inicialmente el verano pasado- que permitirá levantar esas casi 400 viviendas, ubicadas en suelos urbanos y rústicos, de dos plantas como máximo, desligadas de la fallida variante. Está previsto que el 30% de las nuevas construcciones se destinen a VPO, lo que supondrá alrededor de 110 viviendas protegidas.

Las viviendas de nueva construcción en Cantabria oscilaron en torno al millar anual en los tres últimos ejercicios, pero la evolución es al alza porque no solo la costa occidental está lanzada a la carrera por recuperar parte del músculo inmobiliario. Las previsiones hablan de duplicar esa cantidad cada año.

El PP, desde que llegó al Gobierno autonómico el pasado verano, está dando todos los pasos en esa apuesta urbanística. Lo primero fue cambiar la Ley del Suelo para permitir construir más viviendas unifamiliares en suelo rústico. Lo segundo fue anunciar una inversión de 26 millones de euros para que Gesvicán levante 171 nuevas viviendas de alquiler a precios asequibles en siete municipios: Polanco (40), Reinosa (58), Santoña (28), Torrelavega (27), Santillana (8), Piélagos (7) y Orejo (3). Lo último ha sido hacer pública la nueva política en materia de vivienda protegida. Para impulsarla y que las empresas privadas se lancen a construir pisos de protección oficial (VPO), el Partido Popular ha «actualizado» los precios que deberán pagar los beneficiarios. Encarecer la vivienda y los alquileres el 21,7% de golpe «para hacer rentables y atractivas este tipo de promociones» es la solución ideada.

Bezana es uno de los municipios que más inmuebles pretende construir en los próximos años. Tiene 500 viviendas nuevas en el horizonte, pero no es el único con la hormigonera encendida. Torrelavega suspira por hacer realidad uno de sus proyectos urbanísticos de mayor calado, el Plan Parcial de El Valle, y en Santander, el Ayuntamiento tiene previsto licitar en breve las obras de casi 300 viviendas de protección oficial (VPO) en el Alisal.