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Hasta ahora, el Gobierno de Cantabria se encargaba de la gestión de cinco albergues juveniles, a los que se suma la red de alojamientos privados y también los que están en manos de particulares. Además de los de Solórzano, Alto Campoo, Picos de Europa ... y Loredo, la Dirección General de Juventud también ponía a disposición de los interesados una instalación en San Vicente del Monte (Valdáliga). Este último, aunque era propiedad de la junta vecinal, ha sido gestionado por la Administración regional desde 1997. Hasta 2019, cuando debido a su baja ocupación -un 19% de media los fines de semana-, dejó de prestarse el servicio. No se recuperó con la pandemia y posteriormente sirvió para la primera acogida de refugiados ucraniamos. Cinco años después de recibir a su último usuario -ahora mismo reside de forma temporal una mujer ucraniana-, el futuro del albergue de San Vicente del Monte es ahora más incierto que nunca, después de la decisión del Gobierno de Cantabria de devolver la gestión a la junta vecinal para centrar todos los esfuerzos en los otros cuatro albergues de la red autonómica.
Y el futuro es incierto porque, con independencia de lo que pretenda ahora la junta vecinal, para proceder a su reapertura haría falta acometer una importante inversión. Según el alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, alrededor de medio millón de euros, ya que «no se ha intervenido en los últimos treinta años». Por ejemplo, hace falta llevar a cabo una renovación integral de las instalaciones (aseos, readecuar los espacios, aislar térmicamente el edificio y, sobre todo, mejorar la cubierta y el tejado). González asegura que estas serían las actuaciones mínimas que habría que afrontar antes de una hipotética reapertura. Este albergue se ubica en el antiguo edificio de las escuelas de San Vicente del Monte.
Desde la Dirección General de Juventud, su responsable, Joaquín Rueda, señala que ni ahora ni en los últimos años el albergue contaba con personal específico de la Consejería y tan solo había una persona encargada de entregar la llave a quien lo reservaba. De hecho, tanto el Ejecutivo regional como el Ayuntamiento confirman que esta circunstancia estaba provocando un mal uso de las instalaciones. Es decir, que el inmueble no se estaba utilizando realmente como albergue juvenil, sino como un espacio para realizar fiestas, de ahí que casi todas las reservas se concentraban en los fines de semana y estaban relacionadas con celebraciones como cumpleaños.
Rueda apunta que la devolución del edificio a la Junta Vecinal de San Vicente del Monte se enmarca en un proceso de reorganización de la red de albergues juveniles de Cantabria. En los últimos meses, desde la llegada de Begoña Gómez de Diego a la Consejería de Inclusión Social -la que tiene las competencias en Juventud- se ha llevado a cabo una modificación de la plantilla vinculada a este tipo de servicios, aunque el Gobierno reconoce que los medios humanos siguen siendo insuficientes. De hecho, de los cuatro centros que siguen abiertos tras el cierre definitivo del de Valdáliga, solo los de Solórzano y Alto Campoo cuentan con medios humanos propios, mientras que en los de Picos de Europa y Loredo -este último muy centrado en los campus de surf durante los meses de verano- el servicio está externalizado.
«La idea es poner en orden el sector, concentrar las fuerzas en estos cuatro albergues y buscar su eficiencia», subraya el director general, quien detalla que en estos momentos su ocupación total no llega al 30%. Al contrario que otras autonomías, en Cantabria no hay albergues públicos ubicados en centros urbanos, cuyas tasas de ocupación son mucho mayores. Tampoco hay planes para su desarrollo, entre otros motivos por el previsible rechazo del sector hostelero, que ve este tipo de servicios como competencia desleal. La tarifa estándar en todos ellos para quienes tengan carné de alberguista -es el requisito para poder hacer la reserva- es de 6 euros por alojamiento y 13 por la pensión completa.
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