La Mancomunidad Valles de San Vicente sigue sin cumplir una sentencia que le obliga a pagar 12.121 euros a tres trabajadores

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Cantabria ha tenido que solicitar la ejecución judicial de una sentencia que condenaba en abril, ya en firme, a la Mancomunidad de Valles de San Vicente a pagar a tres trabajadores del Taller de Empleo una diferencia salarial de 12.121,20 euros. «Han transcurrido varios meses y al hecho grave de incumplir derechos laborales, ahora se suma que la Mancomunidad (agrupa a los municipios de Val de San Vicente, Valdáliga y San Vicente de la Barquera) deberá pagar un 10% adicional por los intereses, lo que supone un sobrecoste a las arcas municipales», explica Ángela Sobrino, responsable del Sector de Administración Local de la FSC-CCOO.

La Mancomunidad fue condenada por el caso de tres de los contratos temporales para la formación y el aprendizaje en programas de la Escuela Taller y los Talleres de Empleo. Los beneficiarios de estos programas, financiados por el Gobierno de Cantabria, alternan el trabajo efectivo (75% del tiempo) con la formación (el otro 25%). Por el 75% del tiempo correspondiente al trabajo los empleados recibieron 764,40 euros brutos al mes, cuando por convenio les correspondían 1.424,27. La diferencia fue de 659,87 euros que, por el tiempo acumulado, supone una cantidad de 4.040,40 euros por trabajador.

«La importancia de esta sentencia es que reconoce que los trabajadores de los talleres de empleo y de las escuelas taller tienen los mismos derechos que el resto de empleados», recalca Ángela Sobrino. «Muchos ayuntamientos y mancomunidades que tienen estos programas no están aplicando los convenios y se confirma que las propias administraciones aprovechan los programas de fomento del empleo de forma irregular».

La FSC-CCOO en Cantabria denuncia, además, que no es la primera vez que la Mancomunidad de Valles de San Vicente ignora los derechos laborales. Según explica la responsable del Sector de Administración local de la FSC-CCOO en Cantabria, «es especialmente hiriente que desde corporaciones públicas, las obligadas a defender los derechos y la ley, se juegue permanentemente con los trabajadores».